«Estados deben tener tolerancia cero frente a la violencia contra defensores indígenas”: ONU
Una experta de la ONU informó que la criminalización y violencia contra defensores indígenas está en aumento en todo el mundo, especialmente en Brasil, Colombia, Ecuador, Filipinas, Guatemala, Honduras, India, Kenia, México y Perú.
En la presentación de su reporte anual, la relatora especial de la ONU sobre los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, llamó la atención del Consejo de Derechos Humanos acerca de la creciente violencia y criminalización contra los defensores de los derechos de los pueblos indígenas y señaló que los proyectos de desarrollo a gran escala “son los principales factores que impulsan la intensificación de los ataques y la criminalización”.
“Los pueblos indígenas no están en contra del desarrollo, pero rechazan los modelos que se les han impuesto sin su participación y que menoscaban sus derechos a la libre determinación y a establecer sus propias prioridades de desarrollo respecto de sus tierras, territorios y recursos”, indica la relatora en su informe de 22 páginas.
Tauli-Corpuz llamó a los Estados a adoptar “al máximo nivel posible de los Gobiernos un enfoque de tolerancia cero respecto de los asesinatos y la violencia contra los defensores de los derechos humanos de los indígenas” y a velar por que la legislación “establezca obligaciones de diligencia debida para las empresas constituidas en sus jurisdicciones y sus filiales cuando exista un riesgo de violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas”.
En el mismo sentido, la experta recomendó hacer las modificaciones de leyes y políticas que sean necesarias para “apoyar expresamente la protección de los defensores y comunidades indígenas”, reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre la tierra, respetar el derecho a las consulta previa, libre e informada, investigar todos los ataques cometidos contra defensores indígenas y proporcionar una reparación adecuada a las víctimas.
Durante su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos, que celebra actualmente su 39. ª sesión, la experta se refirió también a las visitas oficiales que llevó a cabo a Guatemala y México.
Visita a Guatemala
En el reporte de su visita, que tuvo lugar del 1 al 10 de mayo de 2018, la relatora señaló que “la causa subyacente fundamental de los problemas que afectan a los pueblos indígenas en Guatemala es la falta de protección de sus derechos a sus tierras, territorios y recursos naturales en consonancia con los estándares internacionales de derechos humanos en la materia”.
De igual forma, Tauli-Corpuz consignó que la inseguridad en la tenencia de la tierra “se ve exacerbada cuando se conceden licencias para proyectos extractivos, energéticos, agroindustriales, de infraestructuras, conservación u otros que afectan a sus tierras y recursos tradicionales, sin su consulta ni consentimiento e incumpliendo las obligaciones internacionales”.
Así mismo, la relatora resaltó el carácter estructural del racismo y la discriminación que sufren los indígenas en el Estado centroamericano y señaló que el crecimiento económico no ha significado una mejora en las condiciones de vida de los indígenas guatemaltecos: 80 % de ellos viven en la pobreza, 40 % en la extrema pobreza y al menos la mitad de los niños indígenas están desnutridos.
Guatemala respondió que “no existe una política de criminalización de los líderes de los pueblos indígenas en el libre ejercicio de su derecho a la protección de la tierra y los recursos naturales”. De igual forma, sostuvo que las autoridades elaboran un protocolo aplicable durante los desalojos y que perfeccionan la observancia de las disposiciones del Convenio 169 de la OIT en el marco de la consulta previa.
Finalmente, rechazó la afirmación de la relatora según la cual persisten patrones de violencia contra los pueblos indígenas derivados del conflicto armado.
Visita a México
“La situación actual de los pueblos indígenas en México refleja la considerable brecha existente entre la realidad jurídica, política e institucional y los compromisos internacionales asumidos por el país”, consignó la relatora en el informe de la visita que hizo a México del 8 al 17 de noviembre de 2017.
“Dicha brecha sigue creciendo, en particular debido al impulso del modelo de desarrollo promovido por la reforma energética, que tiene un impacto significativo en los territorios indígenas. Un desarrollo sostenible requiere un enfoque de derechos humanos”, agregó en su reporte.
Para subsanar esta brecha y “crear las condiciones para un diálogo sostenido e incluyente con los pueblos indígenas”, la relatora le formuló al Estado 36 recomendaciones relativas al marco jurídico, político e institucional, tierras, territorios y recursos naturales, desarrollo, megaproyectos y consulta previa, libre determinación y participación política, violencia, impunidad y acceso a la justicia y derechos económicos sociales y culturales.
México manifestó que las recomendaciones formuladas por la relatora constituyen “un insumo valioso para atender de manera adecuada los retos en la materia” y reiteró su disposición para cumplir con sus obligaciones relativas a los derechos de los pueblos indígenas, particularmente el reconocimiento legal y la lucha contra la discriminación estructural.
La relatora especial anunció que sus próximas visitas oficiales tendrán lugar Ecuador, en noviembre de 2018, y a Malasia durante el primer semestre de 2019.
