La ONU denuncia la tortura generalizada en México y pide medidas al Gobierno

por | 02-03-2017

El informe del experto de la ONU contra la tortura indica que esta práctica sigue siendo generalizada en México. Coalición de ONG pide que se constituya un mecanismo de expertos para combatirla.

Nils Melzer, relator especial contra la tortura.

Con la presentación de un informe sobre dos visitas a México, el relator especial de la ONU contra la tortura, el suizo Nils Melzer, denunció hoy en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos que en México la tortura y los malos tratos son generalizados, serían perpetrados por “las fuerzas de seguridad y agentes de investigación” y comúnmente usados “para la obtención de confesiones o como método de castigo”, reveló la Agencia France Presse (AFP).

 El documento destapa las técnicas de “la asfixia, violencia sexual, descargas eléctricas, amenazas de muerte, palizas y tortura psicológica” y constata la existencia en México de “una situación de inseguridad e impunidad”. Sostiene, además, que “la lucha contra la delincuencia organizada ha incrementado la tortura y los malos tratos” y precisa que “el 98 % de los delitos permanecen en impunidad”.

 “A pesar de los pronunciamientos de autoridades públicas, no se observan investigaciones imparciales e independientes y todo ello tiene vínculos con la impunidad que prevalece en México”, recalca el informe, y señala “la ausencia de medidas efectivas para prevenir o castigar represalias contra víctimas de tortura y familiares y/o defensores, el cuestionamiento o desacreditación de la víctima”.

 La ONU invita al Gobierno de México a prohibir la tortura en una Ley General, que estaría cercana a ser promulgada, y solicita que en ella no existan “excepciones a la regla de exclusión de las pruebas obtenidas mediante tortura”. Adicionalmente, exhorta a que el Código de Justicia Militar asegure “que los casos de violaciones de los derechos humanos sean de competencia civil aunque sean cometidos por militares contra militares” y que del uso de la fuerza sea regulado por ley.

 Una centena de ONG se unieron a todos estos reclamos de la ONU, apoyando también la eliminación del “arraigo”, como se denomina a las detenciones sin cargos hasta por 80 días para investigar personas. Así lo resumió en una reunión pública, al margen del debate en el recinto del Consejo, el director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, José Antonio Guevara.

 Estas ONG piden que México constituya un “consejo asesor” para implementar las 14 recomendaciones formuladas hace dos años por el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein. Este mecanismo estaría integrado por “renombrados expertos” para “asesorar al Estado sobre estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y sanción y para revertir la tasa de impunidad”.

 “En México se cometen crímenes de lesa humanidad, un ataque contra la población civil, bajo responsabilidad de las fuerzas militares de seguridad en el contexto de la lucha contra las drogas”, explicó Guevara a la AFP. “Dicho plan de torturar es viable por ausencia de investigación y castigo, no porque sea mala la legislación: no hay voluntad de las autoridades de llevar a juicio a los autores. Además, las personas no denuncian porque no confían en las instituciones”, concluyó.

 La delegación gubernamental de México agradeció la presentación del informe y reafirmó “su disposición a continuar el diálogo constante y constructivo” con el relator Nils Melzer, “en particular para el seguimiento de sus recomendaciones”.

 Paralelamente y en velada alusión a su conflicto con Estados Unidos por la problemática de los migrantes, México pronunció un discurso por separado, donde condenó “el ultranacionalismo populista” y las “medidas unilaterales regresivas”. El Estado también insistió en su compromiso “con la defensa de nuestros connacionales en el exterior” y estimó “que los muros (…) materializan el extremismo y la intolerancia (…) que no aceptaremos bajo ninguna circunstancia”.