ONU pidió a Paraguay reconocer y saldar su deuda con las personas con discapacidad

“El Estado debe reconocer la deuda social existente con las personas con discapacidad generada por la falta de accesibilidad, oportunidades y acceso a los servicios públicos”, dice en su informe de visita al Paraguay Catalina Devandas, relatora especial de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, quien presentó ayer el documento ante el Consejo de Derechos Humanos.

Según consignó la relatora en su informe, “la construcción de un Paraguay inclusivo requiere, entre otras cosas, que se tomen en cuenta las condiciones estructurales de desigualdad que limitan el disfrute de los derechos de las personas con discapacidad” y que el Estado reconozca el derecho a la protección social “para garantizar la participación, la inclusión y la vida independiente de las personas con discapacidad”.

Otro de los aspectos cruciales que preocupan a la relatora es la “ausencia generalizada de infraestructura segura y accesible, tanto pública como privada, para las personas con
discapacidad en la capital y en el interior del país”. Por esto, insta a las autoridades a “adoptar las medidas que garanticen el acceso físico a los lugares públicos y privados en todo el país”, toda vez que la accesibilidad “es un habilitador y un prerrequisito para gozar de los demás derechos”.

“Paraguay es uno de los pocos países latinoamericanos que no cuentan con una legislación general de protección contra la discriminación”: relatora especial Catalina Devandas.

En el mismo sentido, la experta pidió a Paraguay dotarse de un plan sistemático para promover el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías de la información y la telecomunicación, en particular a los servicios en línea del Estado, y velar por que los actos oficiales y la promoción de servicios públicos cuenten con interpretación en lengua de señas.

Por otra parte, y teniendo en cuenta que “Paraguay es uno de los pocos países latinoamericanos que no cuentan con una legislación general de protección contra la discriminación”, la relatora exhortó al Estado a subsanar este y otros vacíos jurídicos para garantizar el acceso de las personas con discapacidad a la salud, la educación, el trabajo y la participación política.

Este reporte recoge los hallazgos que hizo la relatora Devandas cuando visitó Paraguay en noviembre de 2015 y se reunió con representantes del Gobierno y de la sociedad civil, personas con discapacidad, medios de comunicación y cooperantes internacionales.

Durante la presentación de informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos, reunido actualmente en Ginebra para su 34.ª sesión, la relatora aseguró que “no puede pasar más que las personas con discapacidad tengan que quedarse en casa sin oportunidades y sin apoyo porque el Estado no tiene nada que ofrecerles” y que “no podemos dejar que sean las familias las que estén encargadas de brindar esos apoyos”.

«Los Estados tienen la obligación de diseñar sistemas de apoyo que permitan la elección y el control por las propias personas» #HRC34

— Catalina Devandas (@SR_Disability) 3 de marzo de 2017

Con respecto a Paraguay, destacó los esfuerzos del Estado por revisar sus acuerdos normativos, institucionales y programáticos y sostuvo que “es fundamental que esos planes se transformen en acciones concretas y que de manera sostenible resulten en mayor participación de las personas con discapacidad”.

Devandas indicó además su preocupación por la situación de quienes están en el Hospital Psiquiátrico de Asunción, “privados de la libertad por razón de su discapacidad” y sometidos a tratamientos médicos no consentidos. Igualmente, lamentó que el Estado hubiera decidido ampliar el hospital, en contravía de sus recomendaciones.

Al respecto, dijo que los recursos destinados a dicha ampliación “habrían sido mejor utilizados para fortalecer y desarrollar los servicios de apoyo comunitario que respeten la libertad y la integridad de las personas con discapacidad y que promuevan su independencia y autonomía”.

Paraguay, por su parte, no tomó la palabra en tanto que Estado concernido.

Este es el texto completo del informe en el que la relatora formula recomendaciones con miras a promover los derechos de las personas con discapacidad, de acuerdo con los estándares internacionales en la materia: