La ONU examinará la situación de las desapariciones forzadas en Ecuador

Los próximos 8 y 9 de marzo el Estado ecuatoriano se someterá por primera vez al examen de los diez expertos independientes que conforman el Comité contra la Desaparición Forzada, órgano de las Naciones Unidas encargado de supervisar la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Despariciones Forzadas, ratificada por Ecuador en octubre de 2009.

Como parte del procedimiento del examen, que tiene lugar en Ginebra, el Estado presentó su informe para explicarle al Comité sus avances en la implementación de la Convención. Ecuador destacó la creación, en 2007, de la Comisión de la Verdad “con el fin de reconocer a las víctimas, establecer responsabilidades civiles, penales y administrativas, diseñar políticas de reparación e impedir la impunidad de las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1984 y 1988 y otros períodos, así como establecer mecanismos de prevención y sanción al respecto”.

En el mismo informe se detalla cómo a través de un proceso de diálogo, que el Estado ha llevado a cabo con representantes de la academia y la sociedad civil, salieron a la luz los retos y desafíos pendientes, entre ellos la necesidad de seguir investigando los delitos bajo la figura de desaparición forzada y el que se brinden garantías de protección a víctimas, testigos y demás partes en el proceso penal.

En un segundo momento del proceso de revisión, el Comité expresó al Estado sus preocupaciones y preguntas tras la lectura del informe y las consignó en una lista de cuestiones. Así, los expertos pidieron más detalles acerca de la definición y tipificación del delito de desaparición y solicitaron información exhaustiva de la legislación vigente en dicha materia.

Así mismo, requirieron que se haga una mejor descripción de los mecanismos y criterios que se usan para evaluar el riesgo que corre una persona a ser sometida a la desaparición forzada y las medidas tomadas para la reparación y la protección de los niños contra dicha violación de los derechos humanos.

Todos los documentos relacionados con el examen están disponibles en este enlace.

Por su parte, organizaciones de la sociedad civil contribuyeron con sus propios reportes como insumos para el examen. Es el caso del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos que, en colaboración con la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), presentó un informe en el que se resaltan los vacíos en los mecanismos de búsqueda, como, por ejemplo, la inexistencia de bases de datos, banco de ADN y estadísticas, la confusión de competencias de las instituciones y el retraso en la selección de agentes.

En otro de los informes alternativos, redactado por la RIDH con información de la abogada ecuatoriana Daniela Rosero Contreras, se hace hincapié en la importancia de definir por parte del Estado un protocolo no solo de búsqueda sino de investigación adecuada de los casos de desapariciones forzadas. El documento también alude a la falta de datos estadísticos fiables acerca de las víctimas.

Durante esta, la decimosegunda sesión del Comité, los expertos también examinarán a Cuba y Senegal. El 17 de marzo, último día de la sesión, se harán públicas las recomendaciones que formularán a estos tres Estados con el fin de mejorar la aplicación de la Convención, ratificada, hasta hoy, por 56 de los 193 Estados miembros de la ONU.