La ONU exhortó a Paraguay a incluir una perspectiva de género en el material educativo

Al finalizar la sesión del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que examinó a Paraguay por séptima vez el pasado 26 de octubre, los 23 expertos que lo conforman mostraron sus preocupaciones por “la prohibición por parte del Ministerio de Educación de toda diseminación y uso de material educativo referente a la ‘teoría/ideología de género’”.

La inquietud surge a raíz de la implementación de la Resolución 29664, firmada por el ministro de Educación, Enrique Riera, el pasado 5 de agosto, en la cual se prohíbe toda referencia al género en el material educativo. Como consecuencia, dice el Comité, puede haber un retroceso a los logros alcanzados en los últimos años en los temas de igualdad de género, por lo que dio al Estado un plazo de dos años para mostrar cómo ha avanzado en la derogación de dicha resolución.

Los expertos del CEDAW, quienes monitorean la implementación de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, mostraron así mismo su preocupación por los “movimientos antigénero que quieren excluir la referencia al género del discurso político, educativo y social en el Estado parte”.

Durante el examen, los expertos preguntaron por estos movimientos a la delegación estatal, que estuvo encabezada por Ana María Baiardi, ministra de Asuntos de la Mujer de Paraguay. La delegada expresó que el Estado es “consciente de las dificultades que enfrentan las mujeres y reiteró el compromiso de aliviar su situación y permitir que las mujeres y las niñas ejerzan todos sus derechos”.

Otro de los temas destacados en las recomendaciones del CEDAW fue el acceso al aborto seguro. Aunque los expertos del Comité reconocieron los avances que se han hecho a través del Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva para 2014-2018 y Código Rojo, estrategia para reducir la mortalidad materna y neonatal, admitieron que aún hacen falta reformas para poner fin a “la criminalización del aborto y las condiciones restrictivas bajo las cuales el aborto está legalmente disponible”.

Por ejemplo, instaron al Estado a “legalizar el aborto al menos en casos de riesgo para la salud de la mujer, violación o incesto, y en caso de deterioro fetal severo, y despenalizarlo en los demás casos” e instaron a ”acelerar la adopción del proyecto de ley sobre salud sexual, reproductiva, materna y perinatal”.

Para este grupo de expertos de la ONU el papel del poder Legislativo es crucial en la aplicación de la Convención, por lo que invitaron al Parlamento a tomar las medidas necesarias para poner en marcha las recomendaciones. Paraguay, que ratificó la Convención en 1987, deberá presentar su octavo informe al Comité en noviembre de 2021.

*Nota de la editora: El  artículo fue enmendado para corregir la fecha de ratificación de la Convención por parte de Paraguay.