Las decisiones de Guatemala tras su Examen Periódico Universal en la ONU

Por: Carmen Lucía Castaño, corresponsal

(Cerigua).- Guatemala aceptó 150 de las 205 recomendaciones que le formularon los 68 Estados que participaron en su Examen Periódico Universal (EPU), llevado a cabo el pasado 8 de noviembre en Ginebra.

Así lo informó hoy ante el Grupo de Trabajo del EPU el presidente de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH) y jefe de la delegación que representó al Estado, Jorge Luis Borrayo, quien manifestó que la aceptación de estas recomendaciones ocurre pues “se alinean, complementan o ya cuentan con acciones realizadas dentro de las diferentes políticas públicas, o se enmarcan dentro de las prioridades del Gobierno del presidente de la República”.

Entre los temas abordados en las recomendaciones aceptadas están el respaldo al trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), los derechos de los pueblos indígenas, la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres, las garantías para los defensores de los derechos humanos y la seguridad de los periodistas.

El Estado aceptó ocho recomendaciones relativas a la libertad de expresión, seis de las cuales se refieren específicamente a la creación de un programa de protección a periodistas, un compromiso voluntario que Guatemala había adquirido en el marco de su EPU anterior, pero que aún no se ha materializado a pesar de contar con el aval del presidente, Jimmy Morales.

Guatemala rechazó una sola recomendación relacionada con periodistas: se trata de la formulada por Venezuela en el sentido de “poner fin al uso del sistema de justicia penal para intimidar, marginar y estigmatizar a periodistas, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos”.

En su alocución, Borrayo anotó que esta recomendación “no se corresponde respecto a la objetividad e imparcialidad con que el sistema de justicia opera en Guatemala, así como respecto de las garantías constitucionales sobre la libre emisión del pensamiento y el ejercicio libre de las organizaciones no gubernamentales en su lucha de protección de los derechos humanos”.

El funcionario se refirió también a las recomendaciones hechas por Suiza y Australia, que tampoco fueron aceptadas por el Estado, acerca de la separación de poderes y la independencia del sistema judicial; al respecto precisó que “el organismo Ejecutivo es respetuoso de la independencia de poderes y la Constitución Política de Guatemala, que establece los mecanismos de elección para integrar el organismo Judicial”.

Finalmente, indicó que al Estado no le corresponde descentralizar la CICIG, como lo pedía una recomendación de Finlandia.

Acerca de las demás recomendaciones rechazadas, Borrayo dijo que “por el momento no es posible asegurar su cumplimiento, siendo necesario hacer las consultas ante el organismo Legislativo, el organismo Judicial, otras entidades de Gobierno y aquellas de carácter autónomo y semiautónomo que operan en el país”, sin dar más detalles sobre la negativa del Estado a aceptar otras recomendaciones reiteradas, como las relativas a la protección contra la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, o la abolición de la pena de muerte.

Esta es la tercera vez que Guatemala acude al EPU, el examen de la ONU al que los Estados miembros se presentan, en ciclos de cuatro años y medio, para dar a conocer ante sus pares los avances conseguidos en materia de derechos humanos; como resultado de este proceso, el Estado examinado recibe recomendaciones que puede aceptar o rechazar de manera voluntaria, y de cuya aplicación vuelve a informar en el ciclo sucesivo.

En mayo de 2008, cuando asistió por primera vez al EPU, Guatemala aceptó las 62 recomendaciones que recibió; en su segundo examen, que tuvo lugar en octubre de 2012, el Estado acogió 112 de las 138 recomendaciones que le fueron formuladas.
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