Expertos de la ONU cuestionaron a México por la detención generalizada de migrantes

El Comité de la ONU sobre los Derechos de Trabajadores Migratorios cuestionó a México por el uso generalizado de la detención de migrantes, especialmente de niños que viajan solos, así como por la situación de asesinatos y desapariciones de personas en tránsito, incluyendo menores de edad. Este órgano de las Naciones Unidas revisó esta semana el informe de México, presentado en Ginebra por Miguel Ruíz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En el examen, el relator para México del Comité, Pablo Ceriani, criticó una “política generalizada de detención de migrantes adultos, adolescentes y niños”, cuestión que va en contravía de la Convención para la Protección de los Trabajadores Migratorios, por cuya aplicación vela este órgano de la ONU.

“México refleja una política que pretende controlar la movilidad, para detener y deportar a los inmigrantes irregulares’’, valoró el experto y preguntó a la delegación nacional en qué medida el Estado tiene en cuenta el principio de proporcionalidad al decidir sobre la detención.

El Comité también indagó por las condiciones de detención y acceso a tratamiento médico de unos 188 000 migrantes detenidos el año pasado y notó que la gran mayoría de las personas detenidas fueron devueltas a sus países de origen. “¿Cuáles fueron las alternativas a la expulsión? ¿Cómo se llevó a cabo el retorno voluntario? ¿Qué vías de recurso a los migrantes detenidos?’’, preguntaron los expertos.

En cuanto a los niños migrantes, el Comité detectó que uno de los problemas fue que a pesar de la existencia de una ley general para su protección, hubo problemas en su aplicación.

“¿Hubo esfuerzos para armonizar la legislación pertinente sobre la detención de niños? ¿Cómo se aplicaron los mejores intereses del niño? ¿Quién fue el responsable de decidir el futuro del niño? ¿Cómo se garantizó la asistencia jurídica a los niños? ¿Qué medidas de protección se habían adoptado para los niños migrantes trabajadores?”, lanzó Ceriani.

Así mismo, sostuvo que la detención de migrantes no es automática y la ley proporciona alternativas para las categorías vulnerables de migrantes, como las mujeres embarazadas y los solicitantes de asilo.

Por su parte, Ruíz Cabañas indicó que la principal preocupación era la de garantizar la seguridad de los migrantes y defendió que la ley establece la sanción de expulsión en caso de entrada ilegal.

“Sin embargo, rara vez se aplica”, contestó, y aclaró que los migrantes permanecieron en centros de migración solo por períodos cortos de tiempo y en condiciones dignas.

Según el funcionario, el Estado ofreció la oportunidad de solicitar protección internacional para regularizar la situación en México e indicó que el Gobierno no pasó por alto los principios básicos del debido proceso.

En cuanto a la presencia de niños en centros de migración, el Estado respondió que era una medida excepcional que tiene lugar antes del inicio del procedimiento administrativo, que, aunque unos 42 000 niños fueron detenidos en 2016, “los niños que viajan solos son una prioridad para nosotros” y que fueron alojados en centros de migración de forma temporal, separados de los adultos, y se les dio los servicios de protección infantil.

Adicionalmente, precisó que el incremento de los niños en centros de detención, que fueron 4000 en 2011, se vincula con el hecho de que el sistema legal otorgaba mayor visibilidad a casos específicos.

Por otra parte, en cuanto a la cuestión de los migrantes desaparecidos, el Comité criticó que, de unas 32 000 personas desparecidas en el país, solamente se han identificado a 168 como extranjeros, lo que sorprendió a los expertos, dado el gran número de desapariciones.

“¿Cuáles fueron los resultados de las investigaciones sobre las desapariciones mencionadas, a saber, de las fosas comunes en San Fernando, Tamaulipas? ¿Cuál es el estado actual del proyecto de ley sobre la desaparición forzada de migrantes? ¿Cómo se evaluaron los riesgos en las rutas de migración?”, fueron algunas de las preguntas del experto Ceriani.

El Gobierno no pudo contestar con cifras exactas y se limitó a decir que investigan el suceso de San Fernando, en el que ya tienen a 15 personas identificadas como responsables, y que están trabajando para investigar el caso de los 49 cuerpos encontrados en Cadereyta Nuevo León en mayo de 2012 y el de las fosas clandestinas halladas en 2011.

Por último, con respecto a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y la eventual expulsión de los llamados dreamers, Ruíz Cabañas defendió ante el Comité de la ONU sobre derechos de Trabajadores Migratorios lo expresado por la Cancillería y reiteró su compromiso para proteger a los dreamers que regresen al país.

“El Gobierno lamenta el anuncio y expresa su preocupación por miles que serán deportados’’, remarcó el subsecretario hablando en nombre del Estado mexicano. “Nuestro país está moralmente obligado a actuar diplomáticamente y de acuerdo a la ley para dar una solución al limbo legal en el que se encuentran”, observó.

“México tiene la obligación de defender sus derechos y de ofrecerles representación legal. (…) Recibiremos a los dreamers con los brazos abiertos’’, prometió Ruíz Cabañas.