ONU advierte que ataques contra defensores en Colombia podrían aumentar en época electoral
Entre enero y abril, el organismo registró el asesinato de 51 defensores y líderes sociales por lo que llamó a las autoridades a hacer frente al patrón de ataques contra la sociedad civil.
“Estamos alarmados por la altísima cifra de defensores de derechos humanos asesinados, acosados y amenazados en Colombia, y por el hecho de que esta tendencia parece estar empeorando”, declaró hoy a la prensa en Ginebra Rupert Colville, portavoz de la oficina de derechos humanos de la ONU (ACNUDH).
“Nos preocupa que, con las elecciones locales que se avecinan en octubre, el número de ataques violentos pueda incrementarse aún más”, continuó Colville, quien llamó a las autoridades a hacer frente “al patrón de acoso y ataques contra los representantes de la sociedad civil” y a tomar todas las medidas necesarias para combatir “la impunidad endémica en torno a estos casos”.
El portavoz de la oficina que preside Michelle Bachelet indicó que solo en los primeros cuatro meses de este año se registraron 51 asesinatos de defensores. “Esta cifra impactante continúa una tendencia negativa que se intensificó durante 2018, cuando nuestro personal documentó el asesinato de 115 defensores de derechos humanos”, agregó.
La ACNUDH también encontró que esto ocurre en un contexto de estigmatización de los defensores de derechos humanos, en especial de aquellos que habitan en zonas rurales.
Líderes comunitarios, los más vulnerables
Según ha registrado la ONU, los ataques han sido dirigidos contra activistas de muchos sectores, como afrocolombianos, indígenas, ambientalistas, campesinos, periodistas, personas LGBTI y defensores de derechos de las mujeres. Sin embargo, explicó Colville, “los líderes comunitarios son particularmente vulnerables y constituyen el 70 % de los asesinatos registrados”.
“Aparentemente, algunos de ellos se convirtieron en blanco de estos ataques por haber apoyado la implementación de ciertos aspectos del Acuerdo de Paz, incluyendo la restitución, los derechos de las víctimas y el programa de sustitución de cultivos ilícitos”, sostuvo el portavoz de Bachelet.
La ACNUDH también se refirió en su pronunciamiento al atentado contra Francia Márquez y los líderes afrocolombianos que se encontraban con ella el pasado 4 de mayo, así como al asesinato de Maritza Quiroz Leiva en enero. De igual manera, resaltó que después de la Minga de marzo pasado fueron amenazados líderes indígenas y defensores de derechos humanos.
“Reconocemos los pasos tomados hasta ahora por el Estado para mejorar la protección de los defensores de derechos humanos y tomamos nota de la creación de jueces especializados, como anunció recientemente el presidente Duque”, continuó el portavoz antes de llamar a las autoridades a “redoblar sus esfuerzos” para garantizar que los defensores y líderes puedan hacer su trabajo en un entorno libre y seguro.
“A pesar de algunas acciones positivas por parte de la Fiscalía General de la Nación, urgimos al Estado a asegurarse de que todos los asesinatos, ataques y amenazas sean investigados adecuadamente y que los autores intelectuales y materiales sean llevados ante la Justicia”, concluyó Colville.
