Por: Edgar García

 

Ginebra 22 de Enero.- España afrontó el pasado miércoles su Examen Periódico Universal (EPU), mecanismo creado por el Consejo de los Derechos Humanos encargado de supervisar la situación de los derechos humanos en los 193 países miembros de las Naciones Unidas. Durante su comparecencia, el país ibérico fue criticado respecto de la situación y las condiciones que afrontan los migrantes en los denominados Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes, localizados en enclaves españoles en las costas de Marruecos.

Ceuta y Melilla, dos ciudades autónomas españolas ubicadas en el país norteafricano “están siendo objeto de una extraordinaria presión migratoria con episodios reiterados de asalto de fronteras” explicó Ignacio Ybañez, el jefe de la delegación española que se presentó al EPU, al indicar que estos centros “se encuentran en situación de sobrepoblación”. Para hacer frente a esta situación y al incremento de las demandas de protección internacional, el funcionario español indicó que su gobierno ha pedido ayuda financiera a la Comisión Europea, que le permitirá llevar a cabo “las necesarias reformas estructurales” de dichos centros.

Según Ybañez, en estas instituciones denominadas como “centros de régimen abierto”, se prestan “servicios sociales básicos a inmigrantes en situación irregular y solicitantes de asilo“. Tal como indicó, España asegura condiciones de alojamiento o higiene dignas, con una “especial atención a menores”.

Durante su alocución ante los Estados que participaron en el examen celebrado en Ginebra, el Jefe de la delegación española informó que su gobierno, de cara a dar una respuesta efectiva al fenómeno de migración, implementó “el Segundo Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, 2011-14”, cuyo objetivo es fortalecer la cohesión social en un nuevo contexto migratorio tipificado por la reducción de flujos de entrada de inmigrantes.

Asimismo, indicó que a nivel ministerial se aprobó el “Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación con los Menores Extranjeros No Acompañados” con el fin de atender las necesidades particulares de los migrantes menores de edad, quienes conforman una parte importante del flujo migratorio hacia Ceuta y Melilla.

Si bien algunos Estados reconocieron los esfuerzos implementados por España para hacer frente a la situación creciente de migración, le reiteraron la necesidad de que sus políticas se ajusten a los estándares internacionales. Tal fue el caso de Noruega, quien patentó su preocupación respecto de la imparcialidad y la eficacia de los procedimientos de asilo, las condiciones en los centros de internamiento de extranjeros y el uso excesivo de la fuerza por la policía fronteriza.

Además de Noruega, países como Canadá, Austria, República Checa y Uruguay recomendaron a España que los marcos legales relativos a la política de asilo se ajusten a las obligaciones internacionales de derechos humanos, así como a la legislación de la Unión Europea; hicieron particular hincapié en que se respete el principio de no devolución, el cual se refiere a la obligación de los Estados de no regresar a ningún refugiado a un país donde su vida o libertad corran graves riesgos.

Al finalizar el examen, España indicó que se llevará a estudio todas las recomendaciones que le fueron giradas por los demás Estados, por lo que su posición respecto de si las acepta o rechaza será conocida sólo hasta el mes de junio próximo, cuando se adopte el informe final del EPU de España por parte del Consejo de Derechos Humanos.