Por: Carmen Lucía Castaño
Con el examen de España continuó hoy en Ginebra la vigesimoprimera sesión del Examen Periódico Universal, EPU, mecanismo del Consejo de Derechos Humanos que hace un balance del tema en cada uno de los 193 estados miembros de la ONU.
Ignacio Ybáñez, secretario de Estado en Asuntos Exteriores y jefe de la delegación española, reconoció que las medidas de ajuste emprendidas para hacer frente a la crisis económica habían dificultado la puesta en marcha de las estrategias previstas por el gobierno para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos en su territorio.
El delegado del país ibérico destacó, sin embargo, que los signos de recuperación que presenta la economía nacional permiten vislumbrar un panorama optimista para los sectores de la población más afectados por los recortes presupuestales.
En ese sentido, indicó que el gobierno español ya anunció las primeras medidas para «revertir los efectos del ajuste en los más desfavorecidos». Se trata, por una parte, de una reforma fiscal, vigente desde el 1 de enero del año en curso, que busca la redistribución de la renta y la progresividad de los impuestos mediante la disminución de la tributación para familias numerosas y con bajos ingresos, beneficiarias, a la vez, de nuevas subvenciones.
Por otra parte, el gobierno dispuso un incremento del 1.2% en el presupuesto de 2015 para ser destinado a gasto social. Finalmente, Ybáñez destacó los esfuerzos emprendidos por la administración nacional en materia de empleo y políticas de protección para deudores hipotecarios.
De esta manera, España respondió a las inquietudes que, previamente a la sesión de hoy y como parte del examen, le habían planteado diferentes organismos de las Naciones Unidas, y numerosas Organizaciones no Gubernamentales, en el sentido de no suspender la garantía del goce y ejercicio de los derechos humanos como consecuencia de la crisis y de las medidas de ajuste planteadas como correctivos.
Durante el examen, diversos países manifestaron su preocupación e hicieron recomendaciones en el mismo sentido. Así, por ejemplo, Brasil, Venezuela y Noruega instaron al gobierno español a minimizar el impacto de los ajustes en el acceso universal a la salud, la alimentación, la vivienda y la educación. Por su parte, Cuba le recomendó retomar las medidas de protección social, disminuidas por la crisis, dirigidas a la población más vulnerable.
España finalizó su intervención afirmando que solamente se pronunciará sobre las recomendaciones durante el período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos que tendrá lugar el próximo mes de junio.
