Por: Juan Gasparini

 

Ginebra, 24 de marzo.- El Consejo de Derechos Humanos dio un sonoro respaldo a los defensores de derechos humanos, “que trabajan en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales”, al adoptar una resolución que se impuso por 33 votos a favor, 6 en contra y 8 abstenciones.

Por iniciativa de Noruega, y sostenida por la Unión Europea, la resolución quebró sin embargo la unidad de los ocho países del grupo de América Latina y el Caribe en el Consejo. Se opusieron Cuba y Venezuela, la apoyaron Ecuador, México, Paraguay y Panamá, y se abstuvieron El Salvador y Bolivia.

Una batería de más de 30 enmiendas patrocinadas por China, Cuba, Egipto, Rusia y Pakistán trató vanamente de desnaturalizar el contenido de la resolución, incidiendo un debate que duró alrededor de 3 horas. Pretendió hacerlo ante todo negando la calidad de defensores de derechos humanos a los activistas no gubernamentales en diferentes lugares del mundo, que abogan por los derechos económicos, sociales y culturales.

En la enmienda propuesta por estos Estados, en lugar de “defensores de derechos humanos” se habla de “individuos, grupos e instituciones que se dedican a promover y proteger los derechos humanos”, una fórmula alambicada para deslucir el perfil de esos militantes de las libertades públicas y derechos individuales, y despojarlos de sus rasgos esenciales de defensores de los derechos humanos.

Mediante la reescritura de múltiples frases y párrafos de la resolución, sus adversarios antes mencionados pretendieron, además, que fueran completamente eliminados dos artículos del texto que finalmente triunfara en la votación. Intentaron, sin suerte, que los Estados no recibieran del Consejo la recomendación de legislar en favor de los defensores de derechos humanos, y que se privara al Secretario General de la ONU de la posibilidad de reunir y hacer públicas evidencias de denuncias sobre los atropellos que suelen sufrir los defensores.

En efecto, el primero de esos artículos que Rusia y sus aliados quisieron eliminar de la resolución se refiere a “la importancia de los programas de protección nacional para los defensores de los derechos humanos y alienta a los Estados a que consideren, con carácter prioritario, la posibilidad de promulgar legislación y marcos de política pertinentes a este respecto, en consulta con los defensores de derechos humanos, la sociedad civil y los interesados pertinentes, teniendo en cuenta, entre otras cosas, los principios presentados por el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos”.

El segundo artículo de la resolución que se buscó aniquilar “invita al Secretario General a poner en relieve la presente resolución en el sistema de las Naciones Unidas y a seguir incluyendo presuntos casos de represalias e intimidación contra los defensores de los derechos humanos que trabajan en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, así como sus familiares, asociados y representantes y sus mecanismos en la esfera de los derechos humanos”.

En el transcurso de la semana, 45 organizaciones no gubernamentales pidieron por escrito a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos adoptar el texto y rechazar integralmente las enmiendas propuestas por China, Cuba, Egipto, Rusia y Pakistán por considerar que “socaban y debilitan la resolución”.

En la carta, firmada por el Servicio Internacional para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, CIVICUS y Human Rights Watch, entre otras organizaciones, se lee que dichas enmiendas “deben ser vistas en el contexto de los esfuerzos sistemáticos actualmente en progreso en varios de estos Estados para restringir y criminalizar el importante y legítimo trabajo de los defensores de los derechos humanos y de las organizaciones independientes de la sociedad civil”.