Activistas denunciaron en Ginebra la criminalización de las mujeres en América Latina
Defensoras de los derechos de la mujer participaron en un panel de discusión en el que se abordaron las consecuencias que tiene la penalización del aborto en la vida de las mujeres en Colombia, Ecuador y El Salvador.
En un evento paralelo a la 34.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, defensoras de los derechos de la mujer hablaron de la criminalización de niñas, adolescentes y mujeres en América Latina y expusieron la situación actual que deben enfrentar para acceder al aborto en Colombia, El Salvador y Ecuador, Estados donde la legislación restrictiva frente al aborto limita el derecho de la mujer a elegir libremente sobre su cuerpo.
En la mayoría de los países de América Latina el aborto solo está permitido en ciertos casos, en general, cuando el embarazo es consecuencia de una violación, existe malformación del feto o está en riesgo la vida de la mujer.
Durante el evento paralelo, organizado por la Red Internacional de Derechos Humanos, la panelista Yira Lazala, candidata a un doctorado en Sociología y Antropología, recordó que aunque en Colombia la sentencia C355 de 2006 despenalizó el aborto en las mencionadas causales, el derecho de la mujer a tomar una libre decisión sobre su vida y su cuerpo en casos diferentes a lo estipulado en la sentencia sigue estando penalizado de forma total o parcial.
.@yiralazala explica el proceso jurídico que llevó en #Colombia a la despenalización del #aborto por tres causales. #RIDHMujeres https://t.co/GyR6guLBDj
— Panorama (@panoramaDH) 14 de marzo de 2017
Por esta razón, afirmó que, si bien esta sentencia abrió espacios para el ejercicio de los derechos fundamentales de las mujeres en Colombia, todavía se les sigue criminalizando en numerosas circunstancias y que prevalece la idea de que la maternidad es el fin más elevado al que pueden aspirar.
Diferentes Comités de la ONU han recomendado a Ecuador y El Salvador reformar sus estrictas y restrictivas leyes para permitir a las mujeres acceder a abortos seguros, por lo menos en los casos más graves. A pesar de las recomendaciones hechas por los expertos, estos Estados no han avanzado en la modificación de las leyes que penalizan el aborto, lo que ha provocado un aumento en el número de abortos clandestinos, muertes maternas y encarcelamiento de jóvenes que son acusadas y juzgadas, muchas veces por homicidio agravado.
Según la abogada ecuatoriana Ana Cristina Vera, quien también participó en el panel, en Ecuador, en donde el aborto es permitido solo en caso de riesgo para la vida de la mujer o cuando es producto de una violación a una mujer con discapacidad mental, la mayoría de las denuncias por aborto son hechas por los mismos profesionales de la salud, que temen ser inculpados y condenados a penas de hasta tres años de cárcel.
«Las #mujeres en #Ecuador son criminalizadas» #HRC34 #RIDHMujeres #porlosderechosdelasmujeres en @UNGeneva @UNHumanRights @ONUMujeres pic.twitter.com/IaEiv3VcS1
— RIDH – INHR (@RIDH_INHR) 14 de marzo de 2017
Vera aseguró que este es un problema que aqueja principalmente a las mujeres de escasos recursos, afroecuatorianas y con poca educación, por lo que la despenalización del aborto se trata de un asunto de “justicia social”.
Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos encontró que “En Ecuador se presentan 35 719 abortos al año, de los cuales solo el 4.8 % son legales y 15783 son abortos no especificados, es decir, que se han realizado fuera del sistema de salud”.
El Salvador es uno de los pocos países de Latinoamérica, junto con Chile, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, en donde el aborto está totalmente prohibido y es penalizado sin tener en cuenta ningún tipo de excepción. Tal como expuso la panelista Bertha de León, abogada y defensora de derechos humanos, las niñas y mujeres salvadoreñas están expuestas a una difícil situación, puesto que muchas han sido procesadas por el delito de homicidio agravado, y no por el de aborto.
De León, en conjunto con varias organizaciones de la sociedad civil y con parlamentarios salvadoreños, está trabajando por la reforma del artículo 133 del Código Penal para que se incluyan cuatro causales en las que el aborto sea permitido. Sin embargo, aún existe resistencia por parte del sistema judicial, el Congreso y algunos sectores sociales que desaprueban la despenalización parcial.
Es fundamental que en #ElSalvador se apruebe la reforma penal para permitir a las mujeres acceder al #aborto seguro: @berthamariad.
— Panorama (@panoramaDH) 14 de marzo de 2017
Al final de la sesión, Walleska Pareja, abogada especialista en género, lamentó que solo tres hombres hubieran asistido al evento, pues es un reflejo de la falta de interés por conocer a fondo las problemáticas que viven las mujeres en la región. Esto es todavía más grave si se tiene en cuenta que los hombres siguen siendo la mayoría en los órganos legislativos que toman las decisiones que afectan la vida y vulneran los derechos de las mujeres. “Tenemos la esperanza de que un día los temas de las mujeres sean un tema de todos y todas”, concluyó Pareja.
El video del evento “La criminalización de niñas, adolescentes y mujeres en América Latina” está disponible en este enlace.