Estados latinoamericanos ponen a Nicaragua y Venezuela en el foco de la ONU
El Grupo de Lima reiteró ayer ante el Consejo de Derechos Humanos su rechazo a las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Otro grupo de países latinoamericanos anunció que presentará un proyecto de resolución sobre Nicaragua.
Las crisis que atraviesan Nicaragua y Venezuela fueron nuevamente centro de atención de las intervenciones de la mayoría de los países latinoamericanos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que actualmente sesiona por cuadragésima vez en Ginebra.
“Condenamos las persistentes y serias violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela, como son los actos de violencia y represión de manifestaciones populares pacíficas por parte de las fuerzas de seguridad, la censura de la libertad de prensa, la situación de los presos políticos”, declaró la diplomática peruana María Antonia Masana en nombre del Grupo de Lima.
Desde su creación en 2017, este grupo, compuesto por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, ha mantenido una postura sumamente fuerte en contra del Gobierno de Nicolás Maduro y aumentó recientemente la presión en su contra al reconocer al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien se autoproclamó “presidente encargado de Venezuela” el pasado 23 de enero.
Al tomar la palabra, la delegación de Brasil calificó al Gobierno de Maduro de “régimen ilegítimo” por considerar “fraudulentas” las elecciones de mayo de 2018 y llamó a la comunidad internacional a reconocer a Guaidó como presidente.
Los Estados expresaron igualmente preocupación por la crisis económica en el país, que según la ONU ha provocado el éxodo de 3.4 millones de venezolanos y una penuria de alimentos y medicamentos.
El tema de la ayuda humanitaria también fue fuente de fricción entre los Estados. El Grupo de Lima condenó el bloqueo del ingreso de artículos de primera necesidad por parte del Gobierno venezolano en sus fronteras con Colombia y Brasil el pasado 23 de febrero. Esto motivó protestas a lo largo de las fronteras que condujeron a enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad venezolanas que dejaron como saldo varias personas muertas y más 300 heridos, según cifras de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos.
Por su parte, el embajador venezolano ante la ONU, Jorge Valero, tomó la palabra y respondió que “la supuesta ayuda humanitaria que se pretendió introducir en nuestro país, utilizando la violencia y el terrorismo, es un pretexto para justificar una invasión militar foránea al suelo patrio”.
El Consejo podría aprobar una resolución sobre Nicaragua
La delegación de Argentina anunció que junto con Brasil, Canadá, Costa Rica, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú presentarán una resolución con el objetivo de “incorporar en la agenda de este Consejo la situación de los derechos humanos en Nicaragua para apoyar las acciones de la alta comisionada”.
El país centroamericano ha estado sumergido en una crisis sociopolítica desde abril del año pasado, cuando fueron fuertemente reprimidas las protestas en contra de una reforma al sistema de pensiones. La crisis ha resultado en más de 300 muertos, 2000 heridos y 50 000 personas que se han refugiado en Costa Rica.
Asimismo, el embajador argentino ante la ONU, Carlos Mario Foradori, condenó en su alocución la “persistente represión” y llamó a la liberación de las personas detenidas de forma arbitraria. De acuerdo con cifras de organizaciones sociales, más de 700 personas permanecen detenidas ilegalmente desde el inicio de la crisis.
Adolfo Jarquin Ortell, subprocurador de derechos humanos de Nicaragua, tomó la palabra en nombre del país y denunció un “intento de golpe de Estado en abril de 2018”. Asimismo, Jarquin aseguró que el diálogo nacional, iniciado el pasado 27 de febrero, era “serio, franco, transparente e incluyente entre todos los sectores de la sociedad civil”.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y actores de la sociedad civil han asegurado haber sido excluidos del diálogo y han cuestionado las condiciones en las cuales se está desarrollando, como por ejemplo la ausencia de organismos internacionales como garantes y la falta de acceso para los medios de comunicación.
El proyecto de resolución será presentado y sometido a votación ante los Estados miembros del Consejo entre el 21 y 22 de marzo. De ser aprobado, se convertiría en la tercera resolución sobre la situación de derechos humanos en un país latinoamericano en la historia del Consejo. La primera fue aprobada en 2010, después del terremoto en Haití, y, la segunda, en septiembre de 2018 sobre la crisis en Venezuela.
