Por: Ines Carel

 

Ginebra, 8 de julio.- Así explicó hoy en la ONU la experta Bonita Meyersfeld la importancia de diferenciar la responsabilidad social empresarial (RSE) de la obligación que tienen las corporaciones de respetar los derechos humanos.

Su intervención se dio en el marco de la tercera jornada del Grupo de Trabajo intergubernamental para la elaboración de un instrumento jurídicamente vinculante en materia de empresas y derechos humanos, que celebra su primera sesión en Ginebra entre el 6 y el 10 de julio.

Meyersfeld, profesora de la Universidad Witwatersrand de Johannesburgo, afirmó que la caridad en el contexto de la RSE es definida como la puesta en marcha de una serie de proyectos voluntarios, como la construcción de escuelas u hospitales, y que no es incompatible con la violación de derechos humanos por parte de las mismas empresas que los llevan a cabo.

En ese sentido, Meyersfeld también hizo hincapié en la necesidad de “integrar los estándares de los derechos humanos en la estructura de la empresa”. Esto debe ser hecho tanto a nivel interno con respecto a los empleados, como a nivel externo con las comunidades involucradas.

De otro lado, el panelista Surya Deva, profesor de la Universidad de Hong Kong, insistió en la necesidad de basar un eventual tratado en los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos, sin por tanto copiarlos. “Es crítico entender las limitaciones de los Principios Rectores para que el tratado llene esos vacíos”, señaló.

Asimismo, agregó que el sentido de la palabra “responsabilidad” no debe limitarse al respeto de los derechos humanos, sino incluir su protección y su ejercicio. De igual manera, resaltó la importancia que tiene para las víctimas de violaciones de los derechos humanos que la empresa presente excusas públicas. Por esa razón, precisó, los arreglos privados “no son suficiente”.

Argumentando que “el modelo de la primacía de los accionistas es peligrosa”, el profesor Deva llamó a la reforma de las leyes con respecto a las corporaciones y recomendó institucionalizar el rol de la sociedad civil en el tratado. Finalmente, propuso, no sin subrayar la controversia que generaría su sugerencia, crear un fondo en el que las compañías contribuyan, en relación con sus beneficios, a la reparación inmediata de las víctimas de abusos o violaciones de sus derechos.

En el panel de la tarde de hoy también intervino Tom Mackall, vicepresidente del grupo Sodexo, quien señaló que la parte crítica de la discusión es dotar a los Estados con instrumentos para poder llenar su obligación de proteger los derechos humanos.

Lanzando de nuevo el tema de si el tratado debe incluir corporaciones nacionales además de transnacionales, Tom Mackall aseguró que “cualquier esfuerzo de regulación debe incluir todo tipo de empresas”. “Competimos localmente con los negocios, por tanto es importante minimizar la economía informal”, añadió.

De acuerdo con su perspectiva, esta última, “al estar fuera de las regulaciones del mercado, baja los estándares de las empresas”, por lo cual el diferenciar las compañías locales de las globales “mina la eficacia de los Principios Rectores”.

Previamente a este panel sobre la responsabilidad de las corporaciones en el cumplimiento de los derechos humanos, el Grupo de Trabajo había sostenido una discusión sobre la responsabilidad de los Estados en la misma materia.

De dicho debate, con el que se abrió la jornada en la mañana de hoy, puede concluirse que los Estados deben asegurar que las empresas respeten los derechos humanos en su territorio y en el de Estados terceros.

La reunión del Grupo de Trabajo continuará mañana con dos paneles: uno sobre la responsabilidad legal de las corporaciones transnacionales y el otro sobre la construcción de mecanismos nacionales e internacionales de acceso a la reparación.