Por: Carmen Lucía Castaño

 

Ginebra, 23 de junio.- La Comisión Colombiana de Juristas intervino hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para llamar la atención de los Estados miembros sobre la situación del desplazamiento forzado en el país: con más de seis millones de personas huyendo de la guerra dentro de las fronteras nacionales, Colombia solo es superada por Siria en número de desplazados internos.

“Es urgente que Colombia defina la fecha para que el Relator Especial sobre los derechos humanos de las personas desplazadas efectúe una visita al país”, señaló la portavoz de la Comisión.

En el mismo sentido indicó que, en coordinación con las Oficinas de los altos comisionados para los Derechos Humanos (ACNUDH), para los Refugiados (ACNUR) y con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Relator puede brindar cooperación en la puesta en marcha de las medidas para que “la restitución de tierras se encamine hacia la meta del desarrollo”.

Así mismo, la Comisión aseguró que la aplicación de la Ley de Víctimas y Sustitución de Tierras enfrenta grandes dificultades toda vez que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los grupos paramilitares y la fuerza pública continúan cometiendo violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, lo cual genera nuevos desplazamientos.

A estas dificultades para el regreso de las personas desplazadas a sus tierras se suman la ausencia de garantías de no repetición, la militarización excesiva del territorio y la impunidad para los perpetradores del delito de desplazamiento.

El proceso de paz que llevan a cabo actualmente el gobierno nacional y las FARC en La Habana, puede contribuir, según la Comisión, a impulsar la Ley de Restitución “si se alcanza un cese bilateral de hostilidades”.

Citando el informe del Relator Especial, la portavoz de Coljuristas recordó que para que los desplazados sean beneficiados por los objetivos de desarrollo sostenible, debe observarse la plena aplicación de los “Principios Rectores de los Desplazamientos Internos”, que en Colombia tienen rango constitucional.

Con el mismo rigor deben ser aplicados los criterios del “Marco de Soluciones Duraderas”, definido anteriormente por el Representante Especial del Secretario General para los derechos de las personas desplazadas, y que comprenden, entre otros, la seguridad personal, el acceso a los medios de subsistencia y a la justicia y la restitución de la vivienda, la tierra y la propiedad.

La correcta implementación de estas medidas y la adopción de una Ley de Desarrollo Rural que contribuya a la reparación de las víctimas serían favorables para “alcanzar el derecho al desarrollo de las personas desplazadas y la construcción de una sociedad pacífica”, concluyó Coljuristas.