Por: Carmen Lucía Castaño

 

Ginebra, 17 de septiembre.- Relatores de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se manifestaron hoy a propósito de la situación que enfrenta la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), organización de la sociedad civil ecuatoriana contra la que cursa un procedimiento de disolución por haber difundido “mensajes con tinte político”.

Los relatores para la libertad de expresión, de asociación y de protección de los defensores de derechos humanos de ambas organizaciones internacionales instaron a las autoridades ecuatorianas a “detener el procedimiento de disolución de Fundamedios y, en general, a garantizar la realización de los derechos a la libertad de expresión y de asociación en el país”.

“Las personas que se constituyen en una asociación tienen el derecho a tener opiniones y difundir informaciones de toda índole, incluso políticas, sin interferencia por parte del Estado”, recordaron los expertos e hicieron énfasis en que los miembros de las organizaciones de la sociedad civil “deberían gozar plenamente del derecho a la libertad de expresión y, en particular, la libertad de ser abiertamente críticos con políticas y prácticas gubernamentales”.

El pasado 8 de septiembre, la Secretaría Nacional de Comunicación de Ecuador (SECOM) notificó a Fundamedios de la apertura del procedimiento legal para su liquidación y le otorgó diez días de plazo para presentar su defensa. La organización, por su parte, solicitó a la Secretaría que se le garantizara el debido proceso y reivindicó su derecho a la resistencia, que en Ecuador tiene rango constitucional.

Dos días después de la notificación, la SECOM afirmó que su intención no había sido “en ningún momento, iniciar proceso de disolución alguno” en contra de Fundamedios. Según el comunicado que emitió el 10 de septiembre, la Secretaría tomó esta decisión porque la organización no acató su llamado en el sentido de “cumplir con las normas de su propio estatuto, específicamente, en lo que se refiere a la prohibición de ejercer asuntos de carácter político”.

El día de hoy, tras recordarle al Estado que un discurso no debe ser reprimido “simplemente porque pueda ser interpretado como que ‘es político’”, los relatores destacaron la gravedad de que Ecuador resuelva este caso en contravía de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos porque “de hecho, es la acción del gobierno la que tiene los ‘tintes políticos’ más fuertes”.

Solicitada por Panorama, María Fernanda Espinosa, embajadora del Ecuador ante las Naciones Unidas, no se pronunció respecto al caso.