ONG se pronunciaron sobre los derechos humanos en Ecuador

por | 07-07-2016

Organizaciones ecuatorianas participaron en un evento paralelo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Representantes de diferentes ONG hablaron de los derechos de la población LGBTI, indígenas, mujeres y de la situación en materia de libertad de expresión.

Diversas organizaciones no gubernamentales de Ecuador participaron la semana pasada en un evento en el que expusieron sus perspectivas sobre la situación de los derechos humanos en el país suramericano. Las ONG acudieron a Ginebra para participar en el examen del Estado ecuatoriano ante el Comité de Derechos Humanos que tuvo lugar el 27 y 28 de junio.

En la reunión, convocada por la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), participaron representantes de FUNDAMEDIOS, Ecuarunari, Ruptura 25, la Coalición Nacional de Mujeres y otros activistas y defensores de derechos humanos. Miembros de las misiones diplomáticas de Alemania, República Checa y Suiza estuvieron presentes en el encuentro.

Estos fueron los temas que abordaron los panelistas.

Derechos de la población LGBTI

En su intervención, la jurista ecuatoriana Silvia Buendía recordó que hasta 1997 la homosexualidad era un delito en Ecuador. Aunque la orientación sexual ya no está penalizada y “pese a que el marco legal propende por la igualdad y la no exclusión”, según una encuesta “el 70.9 % de la población LGBTI manifiesta haber sido discriminada debido a su identidad de género”.

“En Ecuador, los homosexuales somos iguales para pagar impuestos y multas, para enfrentarnos a un juicio, pero no lo somos para ejercer libre y plenamente los derechos que tenemos como cualquier ciudadano”, afirmó Buendía, quien precisó que la discriminación solo puede cambiarse si “quienes toman las decisiones políticas quieren erradicar la homofobia, pero no en el papel, sino en la práctica”.

Libertad de expresión

Mauricio Alarcón, director de proyectos de FUNDAMEDIOS, dijo que la libertad de expresión requiere protección especial porque es gracias a ella que se pueden dar a conocer las violaciones de otros derechos humanos. Pero, según él, en Ecuador “desde el mismo día en que el presidente Rafael Correa asumió su cargo declaró a los medios de comunicación ‘enemigos de la Revolución’”.

Alarcón indicó que la situación en materia de libertad de expresión en Ecuador se ha deteriorado ostensiblemente: en 2008, FUNDAMEDIOS recogió 22 denuncias de violaciones de este derecho, “pero en 2015 contabilizamos 377 agresiones: más de una por día. Y en lo que va corrido del 2016 ya hemos registrado 220”. Para él, la razón principal de este deterioro, “cuyas principales víctimas son los medios medianos y pequeños”, es la aplicación de una legislación restrictiva, en particular de la Ley Orgánica de Comunicación, vigente desde 2013.

Darío Cervantes, experto de Press Emblem Campaign, se refirió a la tendencia, en América Latina, a considerar a la sociedad civil no afín a los Gobiernos como un “enemigo interno”. El analista indicó que la práctica estatal de adquirir medios de comunicación tiene como objetivo crear un “falso periodismo independiente”.

“¿Cómo se violan los derechos civiles y políticos? A través del miedo, la violencia simbólica, verbal y física contra periodistas, las amenazas… Y lo que se produce como consecuencia es una autocensura generalizada”, indicó Cervantes.

Por su parte, Marta Roldós, directora del medio digital 1000 HOJAS, se refirió a la paradoja que supone el que el Estado ecuatoriano brinde protección al director de WikiLeaks, Julian Assange y, al mismo tiempo, restrinja la libertad de expresión y de acceso a la información en su propio territorio.

“Luego de los ataques del Gobierno a la prensa escrita, la radio y la televisión, para muchos de nosotros la prensa digital se presentaba como la última frontera”, declaró antes de precisar que, luego de una reforma constitucional en 2011, se restringió el patrocinio privado de los medios de comunicación, lo que comprometió su viabilidad financiera.

Roldós se refirió a su propia experiencia de búsqueda de fondos en Estados Unidos, en el transcurso de la cual su correo electrónico fue interceptado y resultó acusada de conspirar contra varios Gobiernos suramericanos. De igual manera, la activista denunció que en Ecuador existe un “troll center”, una concentración de usuarios de las redes sociales que se dedican a difundir masivamente las noticias generadas en los medios oficialistas.

Lotty Andrade, representante de la Plataforma por la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos en Ecuador, indicó a su vez que el papel fundamental de la sociedad civil debe ser el exigir a los Estados que tengan una estricta observancia de las disposiciones de los instrumentos internacionales que se comprometieron a cumplir, aunque el precio sea ser señalado como enemigo público.

Derechos de los indígenas

Manuela Picq, profesora y periodista franco-brasilera, denunció la criminalización de la protesta social en particular la de los indígenas que intentan defender sus territorios de los megaproyectos de extracción minera. Picq señaló además que en Ecuador se practica el “racismo de Estado”: según indicó, el presidente Rafael Correa se ha referido a los indígenas como “salvajes” y desde las instituciones estatales se han atacado y eliminado varias organizaciones indígenas.

Picq agregó que el Gobierno ecuatoriano ha usado el sistema judicial, cooptado por el Ejecutivo, contra los pueblos indígenas y explicó que “los derechos en el país son discrecionales: si se es pobre o indígena no se tiene acceso a los derechos como el resto de la población”.

Derechos de las mujeres

La abogada ecuatoriana Jessica Jaramillo expresó que, de acuerdo con una encuesta de violencia de género elaborada en 2011, una de cada cuatro mujeres en Ecuador ha sido agredida sexualmente. “He comprobado que los sistemas de justicia y salud ecuatorianos no funcionan”, expresó Jaramillo en referencia a su propia experiencia como víctima de la violencia sexual.

Jaramillo denunció que la policía no llega a tiempo cuando se le llama, el personal no está capacitado para atender los casos, no se proporcionan exámenes ni medicamentos anticonceptivos o antirretrovirales y no existe ninguna forma de tratamiento médico, ni muchos menos psicológico, para las víctimas de abuso sexual que es, en sus palabras, “una pandemia en Ecuador que debe ser atendida de manera prioritaria por el Estado, sin esperar a que la víctima lo impulse”.

Por otra parte, indicó que el hecho de haber impedido que el aborto seguro sea legal en casos de violación hace que los operadores sanitarios y de justicia no se tomen en serio el trabajo de prevención y sanción de este tipo de agresiones y promueve que mantengan “una actitud cómplice” con la violencia sexual.

Por su parte, Karla Calapaqui, activista por los derechos de la mujer, indicó que en Ecuador “el derecho a la resistencia, a la protesta social y a la desobediencia civil han sido convertidos en delito”, pues, según señaló, los defensores de derechos humanos terminan siendo procesados por sabotaje, terrorismo, ataque o resistencia, rebelión “y hasta transporte de armas químicas o nucleares”.

Calapaqui denunció que cerca de 200 mujeres activistas enfrentan procesos judiciales de este tipo en Ecuador y que algunas de ellas han sido condenadas a 12 años de cárcel por el delito de ataque o resistencia y por terrorismo. Igualmente, se refirió al caso de jóvenes que han sido sometidos a detenciones arbitrarias y a tratos crueles e inhumanos “y a quienes se les ha negado el derecho a la educación”.

Observaciones finales

Ramón Muñoz es el director de la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH).

Ramón Muñoz es el director de la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH).

En la conclusión del evento, Ramón Muñoz, director de la Red Internacional de Derechos Humanos, recalcó que las organizaciones que participaron en el panel trabajan también con otras instancias de Naciones Unidas, como el Consejo de Derechos Humanos, el Examen Periódico Universal y diversos Comités.

Muñoz aclaró que, por tratarse de un Estado que ratificó el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Ecuador debe implementar las recomendaciones que le haga el Comité de Derechos Humanos, organismo de la ONU encargado de velar por la aplicación de lo dispuesto en este instrumento internacional.

“Lo más importante es hacerles entender al presidente Correa y a los funcionarios ecuatorianos que no estamos en contra de su Gobierno: estas recomendaciones se formulan para el beneficio de la población ecuatoriana y del Estado, independientemente de quien esté en la presidencia. Además, las hacen expertos que interpretan el Pacto y que muestran cómo hay que aplicarlo”, precisó el director de la RIDH.

“Es muy importante que en Ecuador se garantice el derecho a defender los derechos humanos”: director de la RIDH

En otro sentido, indicó que aunque es natural que el Consejo de Derechos Humanos priorice situaciones urgentes como la guerra en Siria o la crisis de los refugiados, también es importante que incluya en su agenda a otros Estados que también requieren la atención del máximo órgano de derechos humanos de las Naciones Unidas.

“El Consejo se ha ido olvidando de América Latina: la creencia general es que allá todo va bien porque hay democracia”, declaró Muñoz. “Pero en el contienente se viven crisis menos evidentes, pero que son enfermedades que no matan como un infarto, sino lentamente. Los derechos humanos van deteriorándose poco a poco y, si no se le presta atención a la situación ahora, en cuestión de pocos años vamos a asistir a una crisis grave en la región”.

“La intención no es atacar al presidente Correa ni a Ecuador: la intención es encontrar, con el apoyo de las misiones diplomáticas, espacios de diálogo para trabajar estos temas que son de tanta urgencia para la sociedad ecuatoriana”, concluyó Muñoz.