El debate sobre Siria retrata la creciente politización del Consejo de Derechos Humanos

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe de Siria, establecida en 2011 a través de la resolución HRC S-17/1, presentó su último informe al Consejo de Derechos Humanos el 19 de septiembre de 2016 en Ginebra.

Es la decimoquinta ocasión en que la Comisión se dirige al Consejo y su descripción de la situación de los derechos humanos en Siria sigue siendo sombría, por decir lo menos. La reacción de los Estados ante el informe puso en evidencia la clara politización del mecanismo de Naciones Unidas, que aparentemente sigue el mismo camino de su predecesora, la extinta Comisión de Derechos Humanos.

Tortura, violencia sexual, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, desplazamientos forzados y ejecuciones extrajudiciales son algunas de las atrocidades descritas en el informe de la Comisión investigadora. Las fuerzas pro y antigubernamentales son las responsables de estas violaciones de los derechos humanos que constituyen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Los desplazados forzados, cuyo número —actualmente 6,6 millones— continúa aumentando, se encuentran particularmente en riesgo y viven en condiciones deplorables en los campamentos que se extienden a lo largo de las fronteras sirias. Según el informe “el que los civiles continúen trasladándose a estos campamentos pone de relieve la gravedad de los peligros a los que se enfrentan en las zonas de las que huyen”.

‘Since the beginning of the year, 71 health facilities have been attacked, 25 in #Aleppo alone’ @UNCoISyria live at the 33rd @UN_HRC Session

— UN Syria Commission (@UNCoISyria) 19 de septiembre de 2016

En este abominable panorama, un rayo de esperanza se percibe a través de los acuerdos de cese de hostilidades. La Comisión indica: “(…) en las semanas que siguieron [al acuerdo de febrero de 2016], hubo una disminución de la violencia armada en casi todo el país que dio un respiro de esta guerra brutal a millones de civiles”.

Sin embargo, tal como indica el informe, la violencia se volvió a intensificar a finales de marzo en áreas controladas por el ISIL y Jabhat al-Nusra, así como en las zonas de Alepo en manos del Gobierno. Más de 600 000 personas están actualmente sitiadas y su acceso a la ayuda humanitaria es extremadamente limitado.

El más reciente acuerdo del cese al fuego entre Estados Unidos y Rusia dio esperanzas de crear algo de estabilidad, pero los últimos combates y los ataques aéreos han suscitado dudas acerca de la sostenibilidad de la tregua y el acceso de la ayuda humanitaria sigue estando fuertemente restringido.

–@UNCoISyria Chair Paulo Pinheiro at #HRC33 urging parties to respect new cessation of hostilities agreement. #Syria pic.twitter.com/OexFzgIQ2B

— UN Syria Commission (@UNCoISyria) 19 de septiembre de 2016

La falta de acceso a Siria y a otros países afectados directa o indirectamente por el conflicto es uno de los asuntos principales planteados ante el Consejo por la Comisión. Su presidente, Paulo Sergio Pinheiro, declaró: “Nuestros llamamientos a permitir el acceso reflejan directamente la terrible situación a la que la sociedad civil siria ha hecho frente en los últimos meses. En esta guerra, cada día que pasa es un día más de inimaginable sufrimiento para los hombres, mujeres y niños sirios”.

Los miembros de la Comisión hicieron hincapié en el hecho de que el acceso es necesario no solo a Siria y a la población en el terreno, sino también a los países de la Unión Europea que están acogiendo a los refugiados. La recopilación de testimonios de las víctimas es una valiosa fuente de información para comprender de manera más precisa la situación de los derechos humanos en la República Árabe de Siria.

El Gobierno sirio reaccionó firmemente frente al informe, como lo había hecho en sesiones previas. Afirmó que el reporte está influenciado por la agenda política y añadió que “los informes [redactados por la Comisión] son injustificados y fueron escritos por individuos carentes de credibilidad”.

El Estado negó su responsabilidad en el desencadenamiento del conflicto y acusó a Occidente, especialmente al Reino Unido, a EEUU y a Turquía, de haber enviado armamento durante años, un asunto que no fue tratado en el informe. Turquía negó todas las acusaciones y replicó lo siguiente: “Los bombardeos aéreos a los hospitales, escuelas y mercados, e incluso a los campamentos de desplazados internos [por el Gobierno sirio], siguen cobrando muchas vidas”.

La polarización en el Consejo fue evidente durante la reunión: los Estados respaldaron a sus aliados políticos en cuestiones particulares. Rusia apoyó a Siria y denunció que el informe carece de objetividad. Venezuela acusó a las potencias extranjeras de hacer la guerra y debilitar la soberanía nacional y agradeció a Rusia por sus esfuerzos en Siria.

Estados Unidos recalcó el maltrato hacia los prisioneros en manos del Gobierno, un asunto planteado por Israel, que posteriormente agregó: “Bajo el régimen de Assad, Siria no es sino un estado fallido”. Esta politización del Consejo no es ninguna novedad y no solo se da en relación con Siria.

La complejidad del conflicto, y su impacto global, llama a la solidaridad internacional, pero la constante polarización del Consejo muestra que incluso las normas universales, como los derechos humanos, están sujetas a la influencia política, a pesar de la realidad imperante, la muerte de civiles y las condiciones de vida miserables de los no combatientes.

Otro de los miembros de la Comisión, Vitit Muntarbhorn, añadió: “La ausencia de rendición de cuentas ha provocado un clima poco transparente”. Varios Estados, entre los que se encuentran Irlanda, Estados Unidos y los países nórdicos, solicitaron al Consejo de Seguridad de la ONU que remita el caso sirio a la Corte Penal Internacional. Esta podría ser una solución potencial; sin embargo, las motivaciones e intereses políticos bien podrían terminar por entorpecerla.

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