El desplazamiento interno en Honduras bajo la lupa de la ONU

por | 20-06-2016

El Relator Especial de la ONU sobre los desplazados internos presentó hoy su reporte anual al Consejo de Derechos Humanos y advirtió de la gravedad del fenómeno en Honduras, en donde hay cerca de 174 000 personas desplazadas por la violencia de las maras.

¿Cómo paliar el desplazamiento interno en Honduras, ocasionado “por la violencia generalizada y las pandillas delictivas organizadas”, denominadas maras, suerte de “epidemia invisible que afecta a comunidades enteras”? Las recomendaciones del Relator Especial de la ONU competente en la materia, el experto originario de Zambia Chaloka Beyani, aportan pistas para resolver este fenómeno inédito.

En su informe, presentado hoy en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos, el Relator Especial consignó que, según cifras oficiales, la violencia de las maras ha producido el desplazamiento interno forzado de unas 174 000 personas y destruido unos 41 000 hogares en 20 municipios del país. Estos ciudadanos, manifestó el experto, “hasta la fecha han tenido que arreglárselas por sí mismos”.

La violencia en Honduras suele inducir a las víctimas, en un primer tiempo, a un desplazamiento interurbano e intrarregional y a refugiarse en el anonimato. Posteriormente, en muchos casos por miedo a represalias y pánico ante el peligro de perder la vida, cuando no queda otra escapatoria, estas personas optan por migrar, principalmente hacia Estados Unidos.

Las maras obtendrían, por concepto de extorsión, cerca de 200 millones de dólares anuales.

Las maras extorsionan a la población, predominantemente en zonas urbanas, mediante las amenazas de muerte. Se constata la “intimidación y violencia sexual como medio de control por los pandilleros”, quienes además secuestran y piden rescates.

Estos individuos, que serían unos 25 000 según cifras de la propia policía de Honduras, coaccionan a dueños “de pequeños negocios, a los conductores de autobuses y taxis y a los ciudadanos ordinarios”, para obtener “impuestos de guerra”, cuyo “impago” resulta en el homicidio. El botín anual así obtenido ascendería a unos 200 millones de dólares y los jefes de las maras operarían incluso dando órdenes “desde dentro del sistema penitenciario” tras ser detenidos por la Justicia.

Las maras practican el reclutamiento de menores, acaso el componente más importante de su tropa: captan integrantes desde los siete años para alistarlos plenamente en sus estructuras a partir de los doce. El blanco preferido de las muertes violentas que provocan las maras son las mujeres y las niñas.

Muchos desplazados internos acuden a contrabandistas de personas que les cobran hasta 7000 dólares por sacarlos del país

El caldo de cultivo en el que extienden su influencia lo constituye el que suelen erigirse en alternativa a la extrema pobreza y a “la falta de oportunidad de trabajo y el estancamiento social y económico”, desgraciadamente una opción para ciertos jóvenes sin esperanzas de una vida mejor.

Cuando no se avizora un destino salvador entre el delito y la máxima precariedad, “muchos desplazados internos deciden abandonar el país” para lo cual “se valen de ‘coyotes’ o contrabandistas de personas”, que les cobran unos 7000 dólares para eludir a las autoridades de inmigración en el “triángulo norte de Guatemala, Honduras y El Salvador” y finalmente pasar la frontera entre México y Estados Unidos.

Ante semejantes desafíos, el Relator Especial le pide al Gobierno de Honduras que tome medidas para acondicionar el aparato del Estado frente al reto de las maras, sus consecuencias, la migración entre Centroamérica y Norteamérica y afrontar el efecto rebote de las deportaciones de hondureños desde México y Estados Unidos.

En el marco de una ley sobre los desplazamientos internos que Honduras debería definir y promulgar, y para lo cual Beyani está colaborando, el país establecería que tales desplazamientos constituyen un delito cuando son forzosos. Asimismo, plantearía recuperar a las fuerzas del orden en la estima y el reconocimiento nacional, con el objeto de restablecer la confianza de la población.

Al propio tiempo, a juicio del Relator Especial, es imperativo disponer de mecanismos locales y nacionales que protejan a las víctimas de desplazamiento, de modo que consigan nuevas viviendas y un sustento para reinstalarse, se sientan protegidas de las garras de las maras y tengan perspectivas de sobrevivir en Honduras sin necesidad de desplazarse internamente o migrar al extranjero.