Una terrible noche para los defensores en Honduras
Tan solo cuatro meses después de la muerte violenta de Berta Cáceres, Honduras se estremece con el asesinato de la líder comunitaria Lesbia Yaneth Urquía. Es hora de que el Estado se comprometa con la protección de los defensores de derechos humanos.
¿Cómo no dudar de la voluntad del Estado hondureño para proteger a los defensores de derechos humanos si ayer, 7 de julio, solo cuatro meses después del homicidio de Berta Cáceres, fue asesinada la defensora Lesbia Yaneth Urquía? Esta líder comunitaria estuvo, desde el 2009, vinculada al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organización en la que trabajó al lado de Cáceres.
Urquía fue una una activa militante en la defensa de los bienes comunes de la naturaleza y los derechos indígenas y luchó hasta su muerte para impedir la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora en el municipio de San José, departamento de La Paz, ubicado en el sur de Honduras.
El asesinato de la defensora se da en el momento en que el Gobierno hondureño adelanta un proceso de consulta que busca la aprobación del proyecto de ley para reglamentar el mecanismo de la consulta previa, contemplado en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
El pasado 24 de junio, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU publicó las observaciones generales que formuló al Estado luego de evaluar, el 9 de junio, su segundo informe periódico en esta materia. Con toda claridad, el grupo de expertos de Naciones Unidas afirma:
“El Comité está profundamente alarmado por la descalificación, amenazas y sobre todo asesinatos en contra de defensores de derechos humanos, incluso defensores de derechos económicos, sociales y culturales, de líderes de pueblos indígenas y afrohondureños, tal como los recientes asesinatos perpetrados contra Berta Cáceres y René Martínez.”
Experto #CESCR: «Si asesinaron a #BertaCáceres, ¿qué defensor de #DDHH puede estar seguro en #Honduras?». @fidh_es, @COPINHHONDURAS.
— Panorama (@panoramaDH) 8 de junio de 2016
Por esta razón, el Comité solicitó y recomendó al Estado que:
“1. Adopte medidas efectivas y oportunas para prevenir actos de violencia contra todos los defensores de derechos humanos y para la protección efectiva de su vida e integridad personal;
2. Asegure la implementación efectiva de la Ley para la Protección de los y las Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, entre otros, asignando los recursos humanos, financieros y técnicos adecuados para tal fin;
3. Investigue todo acto de hostigamiento, acoso y difamación contra defensores de derechos humanos por el ejercicio de sus funciones y lleve a cabo campañas de información y sensibilización sobre el trabajo fundamental que realizan los defensores de derechos humanos, a fin de propiciar un ambiente de tolerancia que les permita llevar a cabo su labor, libres de todo tipo de intimidación, amenazas y represalias.”
En 2010, Honduras extendió una invitación permanente a los relatores, expertos y grupos de trabajo del Consejo de Derechos Humanos, y, desde entonces, ha recibido varias comunicaciones de estos expertos llamados procedimientos especiales. Como otros Estados miembros del Consejo, Honduras ha reiterado su espíritu y voluntad de colaboración con los procedimientos y con el Consejo.
En el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2014 y el 29 de febrero de 2016, Honduras recibió ocho comunicaciones de estos expertos, pero solo respondió cinco: una tasa del 62.5 %.
Honduras respondió cinco de las ocho comunicaciones que recibió entre diciembre de 2015 y febrero de 2016. Gráfico: Lauren Massucco y Annaëlle Ragot (RIDH).
El Estado respondió íntegramente las comunicaciones relativas a violencia contra la mujer, población LGBTI, empresas y derechos humanos e independencia de los jueces y los abogados. Sin embargo, no respondió sobre la totalidad de los casos a los que se referían las comunicaciones en materia de defensores de derechos humanos, libertad de expresión, libertad de asociación y de reunión pacífica y ejecuciones sumarias o extrajudiciales. La tasa de respuesta de este último grupo de comunicaciones es de aproximadamente 55.6 %.
Honduras no respondió todos los casos tratados en las comunicaciones sobre defensores, libertad de expresión y asociación y ejecuciones extrajudiciales. Gráfico: Lauren Massucco y Annaëlle Ragot (RIDH).
La voluntad de Honduras debe manifestarse a partir de estos lamentables hechos. El Estado debe tomar de inmediato las medidas necesarias para garantizar a los defensores de derechos humanos un ambiente seguro para el desarrollo de sus actividades. Lo anterior tiene que complementarse con una acción de lucha contra la impunidad que logre la sanción de los culpables y la reparación de las víctimas.
La credibilidad de aquellos Estados que declaran que la sociedad civil es esencial y su trabajo indispensable se debe cimentar en acciones concretas y efectivas y no limitarse a la retórica propia de las salas del Palacio de las Naciones en Ginebra.
