La ONU examinará la situación de Colombia en materia de derechos civiles y políticos

Los próximos 19 y 20 de octubre tendrá lugar en Ginebra el séptimo examen de Colombia ante el Comité de Derechos Humanos, órgano de las Naciones Unidas compuesto por 18 expertos independientes que supervisan la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por el Estado en 1969.

En el informe que presentó al Comité, Colombia destacó las medidas emprendidas para poner en marcha las recomendaciones que le fueron formuladas en 2010, luego de su última revisión ante este órgano de la ONU. Sin embargo, las preocupaciones de los expertos y la información proporcionada por la sociedad civil reflejan que hacen falta más esfuerzos para garantizar los derechos civiles y políticos de los colombianos y para prevenir y sancionar sus violaciones.

Es el caso, por ejemplo, de las restricciones a la libertad de expresión y asociación, la desigualdad en el ejercicio de los derechos que enfrentan las mujeres y la población LGBT, las violaciones del derecho a la vida, la trata de seres humanos y explotación laboral, las precarias condiciones de reclusión de las personas privadas de libertad y la discriminación en el reconocimiento de la personalidad jurídica o las garantías de un juicio justo.

Como parte del mecanismo del examen, diversas organizaciones no gubernamentales presentaron reportes alternativos con el fin de contrastar la versión del Estado y dar a los expertos más insumos para analizar la situación. Estos son algunos de ellos:

Libertad de expresión

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), miembro de la Red Global por la Libertad de Expresión (IFEX), consignó en su informe que las agresiones contra los periodistas no han cesado: datos del Comité para la Protección de los Periodistas, citados en el documento, indican que Colombia ocupa la posición once dentro de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.

En su reporte, elaborado con el apoyo técnico de la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), la ONG solicitó al Comité recomendar al Estado aplicar medidas complementarias a los esquemas de protección ya existentes, sobre todo estrategias para anticipar el riesgo, garantizar los derechos de los periodistas y combatir la impunidad en casos de violaciones.

Respecto a la regulación de la publicidad oficial en medios de comunicación, la Fundación sugirió recomendar que el Estado expida una normativa que garantice la contratación de la pauta bajo los principios de objetividad y transparencia.

Infografía del informe alternativo de la FLIP, IFEX y la RIDH

Finalmente, el informe presentó dos casos emblemáticos de atentados contra la libertad de expresión en Colombia y de la impunidad que los caracteriza: por un lado, el asesinato del exdirector del periódico El Espectador, Guillermo Cano, que fue cometido en 1986 y cuya investigación no ha conducido a ninguna condena.

Por otro lado, el secuestro, tortura y agresión sexual de los que fue víctima Jineth Bedoya, subeditora del diario El Tiempo, en ejercicio de su trabajo como reportera. Los hechos ocurrieron en 2000 y, desde entonces, solo dos individuos han sido condenados como autores materiales, pero aún no se ha llevado ante la justicia a los responsables intelectuales. La periodista hace parte de la delegación de la alianza FLIP-IFEX que viajará a Ginebra para entrevistarse con los expertos del Comité y presentarles su caso en el marco del examen de Colombia.

Derecho a la justicia y la reparación. Libertad de asociación y no discriminación

También elaborado con la asesoría de la RIDH, el informe de la Promoción Claretiana para el Desarrollo (PROCLADE), organización que acompaña a las comunidades en la recuperación de la memoria histórica, denunció la vulnerabilidad de las mujeres de los grupos étnicos víctimas de la confrontación y puso de manifiesto la importancia de impulsar propuestas productivas que permitan la permanencia de las comunidades en el territorio. De igual forma, pidió recomendar al Estado reparar integralmente a las víctimas del conflicto.

De otro lado, a través de su reporte el Congreso de los Pueblos puso en conocimiento del Comité la corrupción del sistema penitenciario colombiano y la persistencia de prácticas como detenciones masivas y arbitrarias, represión de la protesta social y persecución contra abogados, líderes de comunidades y defensores de derechos humanos.

La Central Unitaria de Trabajadores, a su vez, constató en su documento la violencia de la que son víctimas sus afiliados y la disminución de la protección de los líderes sindicales. De igual manera, destacó la ausencia de reparación individual y colectiva para los sindicalistas que han sufrido violaciones de los derechos civiles y políticos.

Por su parte, la Fundación Saldarriaga Concha redactó un reporte en el que se señalan enormes vacíos en cuanto a políticas públicas y estrategias destinadas a garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Por ejemplo, el Estado carece de un registro integral de esta población que incluya variables socioeconómicas y de grupo etario, así como la relación del origen de la discapacidad con el conflicto armado.

Autonomía de los pueblos indígenas y protección de la población LGBT

Otro documento, consignado por un grupo de organizaciones indígenas, indica que aunque en 2014 se promulgara el Decreto 1953, que garantiza la autonomía política y administrativa de los territorios indígenas, este sigue sin implementarse pues el Ministerio de Interior argumenta que los pueblos no están capacitados estructuralmente y carecen de experiencia administrativa para asumir esa autonomía.

En cuanto a la situación de las personas LGBT, y tal como relata el informe presentado por la organización Colombia Diversa, los avances normativos han sido insuficientes para proteger y garantizar sus derechos humanos. Por esto, sugiere la ONG, los expertos podrían recomendar al Estado dejar de considerar las identidades transexuales como enfermedades mentales y garantizar que el sistema de salud reconozca que las transformaciones corporales son necesarias para algunos de los miembros de esta comunidad.

El Comité de Derechos Humanos publicará las recomendaciones que hará al Estado el próximo 4 de noviembre, último día de su 118.ª sesión en la que examinará, además de Colombia, a Azerbaiyán, Eslovaquia, Jamaica, Marruecos, Moldavia, y Polonia.

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