Ginebra, 12 de septiembre.- El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias le recomienda a España que adopte “a la mayor brevedad posible, un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas” en la en la guerra civil y la dictadura franquista (1936-1975), en un informe sobre la visita en 2013 a España de este grupo compuesto por cinco expertos independientes, presentado hoy viernes ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.
“Comprometerse de manera más activa y urgente en la determinación de la suerte o el paradero de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura”, mediante dicho plan, que debe asumirse “como una obligación estatal… y ser parte de una política de Estado integral, coherente, permanente, cooperativa y colaborativa”, precisa el informe.
El dispositivo propuesto por la ONU se completa, además, con la creación de “una entidad estatal” que se encargue “de todas las cuestiones relativas a las desapariciones forzadas, incluyendo el establecimiento y la gestión de una base de datos central sobre desapariciones”, y la puesta en marcha “de una comisión de expertos independientes encargada de determinar la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos” del franquismo.
El Grupo instó a que España adopte “todas las medidas necesarias legislativas y judiciales, para asegurar que las desapariciones forzadas no sean crímenes sujetos a amnistía, en particular privando de todo efecto a
Ariel Dulitsky (Argentina) Presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias
la interpretación judicial dada a la Ley de Amnistía de 1977”, supuestamente destinada a impedir la persecución penal de tales crímenes.
Reafirmando el presunto carácter retroactivo de la obligación que tienen los Estados de sancionar graves infracciones como las desapariciones, independiente de cuando hayan ocurrido, los expertos le recomiendan también a España que ratifique la Convención de la ONU sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, la cual manifiesta que estos crímenes “son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido”.
La delegación española replicó que “el informe incluye numerosas recomendaciones, aunque no todas ellas de la misma urgencia ni importancia. Mi Gobierno no comparte todas ellas, y varias las considera inaplicables e incompatibles con el estado de derecho que rige en España”.
España estimó que “no es correcto que el Grupo de Trabajo se atribuya una competencia para el examen de los hechos del pasado que incluyen aquellos que han tenido lugar antes de la propia existencia de las Naciones Unidas. Investigar y juzgar unos crímenes cuando sus responsables han muerto o las responsabilidades han prescrito es una pretensión carente de fundamento legal”.
En cuanto a la Ley de Amnistía, España dijo que “se aprobó con apoyo social y consenso político absoluto, extinguiendo la responsabilidad penal tanto de los opositores de la Dictadura como la de los que la defendieron, manifestando así todos los actores de la transición española su voluntad de reconciliación, con el convencimiento de que solo a través del olvido y el perdón era posible la reconciliación”.
Al respecto, el Presidente del Grupo de Trabajo, el argentino Ariel Dulitzky, concluyó que la Asamblea General de la ONU, en su Declaración de 1992 sobre desapariciones, estableció que los parlamentos en sistemas democráticos no pueden amnistiarlas.
