Por: Diego de León Sagot
Ginebra, 17 de noviembre.– Hay consenso sobre la indefinición: no existe un modelo único o un plan estándar para llevar a la práctica los Principios Rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos. En el IV Foro de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, que tiene lugar en Ginebra del 16 al 18 de noviembre, queda claro que los Estados que han formulado sus propias estrategias, o los que están en proceso de traducir en política pública el único marco de alcance mundial en la materia, se mueven a tientas.
“Deben ser planes adaptados a cada realidad”, “son los gobiernos los que deben formularlos”, “deben ser balanceados para incluir todas las demandas de los actores involucrados”, “deben ser realistas y prácticos”, “deben ser transparentes e inclusivos”, son algunas de las recomendaciones que emanan del Foro que anualmente reúne a Estados, empresas y representantes de organizaciones de la sociedad civil.
Hasta el momento, solo siete de 193 Estados miembros de Naciones Unidas han formulado su Plan de Acción Nacional sobre empresas y derechos humanos: Reino Unido, Países Bajos, Italia, Dinamarca, España, Finlandia, Lituania, Suecia y Noruega. Otros 19 países afirman estar en el proceso, entre ellos Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, México y Perú.
Durante una reunión de discusión sobre el tema, celebrada en el marco del Foro, expertos internacionales y representantes de Estados manifestaron ver el proceso de formulación de los planes de acción nacional como un “vehículo para comenzar un diálogo” entre autoridades estatales, empresas, organizaciones de la sociedad civil y comunidades, y para “crear más conciencia y generar más capacidad” entre los involucrados para avanzar en el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos en el ámbito de las actividades de las empresas.
Por su parte, organizaciones no gubernamentales insistieron durante el debate en la necesidad de que estos planes de acción contemplen mecanismos prácticos y eficientes para garantizar a las víctimas de violaciones de derechos humanos el acceso a la justicia y a remedios por las violaciones de las que han sido objeto. También hicieron énfasis en que estos mecanismos deben estar disponibles en los países de origen de las empresas, cuando sus actividades tienen un carácter multinacional.
“Hacen falta compromisos hacia la reglamentación y hacia la forma de implementarlos”, aseguró Amol Mehra, director de la Mesa Internacional sobre Responsabilidad Corporativa –ICAR, por sus siglas en inglés–, una coalición de organizaciones de derechos humanos, ambientales, laborales y de desarrollo que promueve mecanismos legales para asegurar el respeto de los derechos humanos por parte de las corporaciones en desarrollo de sus operaciones globales.
Por su parte, Paulo Vannuchi, comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH–, advirtió que la actuación de las empresas, en muchas ocasiones, tiene consecuencias negativas sobre los derechos humanos, especialmente en el caso de aquéllas que ponen en marcha megaproyectos mineros y de producción de energía que resultan en violaciones.
De acuerdo con el experto brasileño, “miles de denuncias por actividades extractivas son recibidas por el sistema interamericano de derechos humanos” por desplazamiento forzado, cercenamiento de fuentes de agua, violencia contra líderes y contra quienes se oponen al desarrollo de tales actividades.
¿Cómo hacer que los planes de acción nacional no se queden en letra muerta, sino que puedan llevarse a la práctica? ¿Qué deberían hacer los gobiernos para evitar que en aras del crecimiento de la economía no se produzcan graves violaciones de los derechos humanos? Son preguntas que quedan sin respuestas contundentes: solo reciben recomendaciones.
Algunos representantes de Estados que están en este proceso de redactar sus planes, como Estados Unidos, Alemania y Colombia, aseguran que el proceso debe ser lo más transparente e incluyente posible y que debe contar con la mejor voluntad política.
Todos coinciden en que las empresas son actores clave en el proceso de formulación de un Plan de Acción Nacional. No obstante, recordó el comisionado Vannuchi, lo que se demanda de ellas es coherencia. De acuerdo con sus palabras, el grado de respeto de una empresa por los derechos humanos debe reflejarse, primero, en la conducta ante sus mismos empleados: el respeto de los derechos laborales y el impulso de prácticas que combatan las discriminaciones y la vulneración de derechos propios de la niñez, las mujeres y los pueblos indígenas.
