Por: Diego de León Sagot
Ginebra, 19 de noviembre.– Organizaciones que operan en América Latina, como OXFAM, la Plataforma Internacional contra la Impunidad, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas y Calas, entre otras, exigieron ante el IV Foro de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, que tuvo lugar en Ginebra del 16 al 18 de noviembre, la promoción de acciones efectivas para prevenir, sancionar y reparar los abusos de las industrias extractivas en toda la región.
“Proyectos a gran escala de petróleo, gas, fracking y minería se expanden cada vez más, generando impactos adversos sobre la tierra y los recursos naturales de las comunidades locales y los pueblos indígenas que habitan en estas áreas”, reza un comunicado conjunto que aglutina a ocho organizaciones que trabajan en varios países latinoamericanos.
Las organizaciones llamaron la atención del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas sobre problemáticas “de especial relevancia”, tales como la consulta a los pueblos indígenas, la responsabilidad extraterritorial de los Estados por actividades de sus empresas en el exterior, la criminalización de la protesta social y la transparencia, todo en relación a la actividad de las industrias extractivas.
Respecto de la consulta a pueblos indígenas, las organizaciones solicitan al Grupo de trabajo que asesore a los Estados y las empresas sobre la obligación de implementar estos procesos consultivos con las comunidades afectadas por los proyectos, con base en los “más altos estándares internacionales y la jurisprudencia nacional e internacional”, así como en pleno respeto del derecho al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas.
En el documento, las organizaciones lamentan que en el marco de las empresas transnacionales “es frecuente que violaciones a los derechos humanos se produzcan y queden en total impunidad cuando los Estados de origen de estas empresas no cumplen con sus obligaciones extraterritoriales”. En tal sentido, instan a que se incorporen estas obligaciones en los planes nacionales de acción, mecanismo ideado por el grupo de expertos de la ONU para llevar a la práctica los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos, el único instrumento adoptado por la organización intergubernamental, de compromiso voluntario para los Estados.
Otro motivo de alerta expresado en el comunicado es “el aumento alarmante de las acciones de criminalización de la protesta de defensores de la tierra, el territorio, los recursos naturales y el medio ambiente”. Por tal motivo, solicitan al Grupo que colabore con los Estados a fin de “acabar con la criminalización y proteger de manera inmediata el derecho a la protesta, garantizado en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos.
Por último, exigen medidas concretas para hacer transparente y garantizar el acceso a la información sobre los aspectos socioambientales de los proyectos extractivos, incluyendo documentación sobre el impacto en el cambio climático. Sobre este punto, piden que se promueva entre Estados y empresas “compromisos… para cumplir y ampliar estándares internacionales” en el marco de iniciativas que promueven la construcción de consenso entre empresas, gobiernos y sociedad civil.
El Salvador: un caso severo de demanda de las empresas contra el Estado
El país centroamericano arriesga una penalización de 300 millones de dólares por una demanda interpuesta por la empresa de origen australiano Oceanagold ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones –CIADI– por supuestas ganancias dejadas de percibir, tras la negativa del Estado salvadoreño de otorgar licencias de explotación para extraer oro.
Héctor García Berríos, representante del Movimiento Unificado Francisco Sánchez –MUFRAS-32–, durante su reciente visita a la sede de la ONU en Ginebra
De acuerdo con Héctor García Berríos, representante del Movimiento Unificado Francisco Sánchez –MUFRAS-32–, “El Salvador está siendo asediado por las empresas mineras… han utilizado el mecanismo del CIADI respaldado en las cláusulas que sobre arreglo de diferencias han quedado establecidas en los acuerdo de libre comercio de los cuales el país es parte”.
El activista explicó que El Salvador sólo permitió hacer estudios de exploración, pero no otorgó licencias de explotación, a la entonces empresa Pacific Rim, ahora cedida a la subsidiaria Oceanagold. Al no cumplir los requisitos administrativos que deben llenar las corporaciones, la ley faculta al Ministerio de Economía a no otorgar licencias; por consiguiente, se dictaminó “una suspensión de hecho, sin moratoria”, a la actividad de la empresa minera.
Ante tal situación, y paralelo a la demanda contra el Estado, desde el 2009 se inició una fuerte campaña de hostigamiento contra líderes que alzaron su voz en contra de la minería. En ese mismo año, se asesinaron a cuatro activistas en un lapso de seis meses; “montaron una campaña de terror”, recuerda el defensor, quien a su vez fue objeto de hechos de violencia en su contra por oponerse al desarrollo de los proyectos mineros.
Según explica, en la actualidad la empresa ha cambiado de estrategia: ahora llevan servicios de salud gratuitos, a través de un hospital privado, orientados principalmente a las mujeres, además les ofrecen talleres de capacitación, todo para dar la imagen que las empresas están llevando beneficio y desarrollo a la comunidad”. “Es una estrategia de engaño”, concluye García Berríos.
El activista salvadoreño participó en el IV Foro de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. “La idea es elevar la lucha del nivel local al plano global y plantear una incidencia más efectiva hacia el gobierno… buscamos alianzas y al mismo tiempo activar mecanismos de la ONU que le pidan a las autoridades mejores niveles de garantía y protección de derechos humanos a nivel local”.
Guatemala: la criminalización de la protesta social en número rojos
La criminalización de defensores, activistas y líderes comunitarios que se oponen al desarrollo de proyectos mineros e hidroeléctricos es un fenómeno creciente en el país centroamericano. Uno de los ejemplos es la actividad de defensa legal que desarrolla el Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala –CALAS.
Pedro Rafael Maldonado Flores, abogado y director del área legal de CALAS
Tan solo en los últimos tres años, la organización, por conducto del abogado y director del área legal, Pedro Rafael Maldonado Flores, ha defendido a más de 100 defensores y defensoras de los derechos ambientales que han enfrentado casos judiciales por su defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales. Asimismo, la organización se han constituido en querellantes, como tercera parte interesada, en procesos judiciales por ataques contra la integridad de líderes comunitarios, hechos perpetrados por miembros de seguridad de empresas mineras que los han atacado por ejercer el derecho a la manifestación y a la protesta pacífica.
En declaraciones a Panorama, Maldonado Flores explicó que gracias a la acción legal de CALAS, se logró por primera vez en Guatemala, por decisión judicial, cancelar un proyecto minero. Se trata de una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, del 28 de octubre de 2015, en la que cancela la licencia de explotación minera a la empresa Maya Níquel, S.A., por considerar que “hubo violación de derechos humanos en el proceso de su otorgamiento”, según explica el abogado ambientalista.
No obstante, la intervención de la organización en la defensa jurídica ha significado un alto costo humano, familiar y profesional. Con ocasión de su visita en Ginebra para asistir al IV Foro Mundial sobre empresas y derechos humanos, el defensor tuvo la ocasión de presentar la situación de hostigamiento y amenazas de que ha sido víctima desde hace varios años, ante la relatoría especial de la ONU sobre la situación de defensores de derechos humanos, con el propósito de que se le solicite al Estado de Guatemala garantizar la integridad física del abogado.
