La ONU adoptó una resolución en favor de los niños y adolescentes migrantes no acompañados

por | 29-09-2016

Por iniciativa de El Salvador, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó hoy por unanimidad una resolución que busca proteger los derechos de los menores migrantes no acompañados.

La diplomacia salvadoreña consiguió reunir a Estados Unidos, Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Honduras y a la Unión Europea para respaldar una resolución adoptada por consenso en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El texto adoptado hoy en Ginebra vincula “el problema mundial de los niños y adolescentes migrantes no acompañados y los derechos humanos”.

Su contenido resalta el drama de “los migrantes, en particular los niños y adolescentes, que se ven obligados a huir de su lugar de origen o deciden abandonarlo por causas múltiples, y que no están acompañados o están separados de su familia y afrontan diversos riesgos en la ruta migratoria”.

De igual manera, exhorta a “los Estados de origen, tránsito y destino a que colaboren para encontrar soluciones eficaces y sostenibles en un marco de solidaridad y cooperación regional e internacional”.

La resolución manifiesta la preocupación del Consejo por la vulnerabilidad de los niños y adolescentes migrantes cuando intentan cruzar fronteras internacionales sin los permisos requeridos, situación que los deja “expuestos a graves violaciones y atropellos de los derechos humanos que pueden poner en peligro su salud y bienestar físicos, emocionales y psicológicos”.

El documento destaca también que los menores migrantes se enfrentan además “a delitos y atropellos contra los derechos humanos, por ejemplo, el robo, el secuestro, la extorsión, el maltrato físico, la venta y la trata de personas, incluidos el trabajo forzoso y el abuso y la explotación sexual, durante sus viajes”.

¿Cómo protegerá la resolución los derechos de estos menores?

En cuanto a las propuestas para remediar los problemas que afrontan los niños migrantes no acompañados, el documento insta a los Estados a facilitar “la reunificación de las familias, cuando proceda”, sin dejar de tomar en cuenta el “principio del interés superior del niño como consideración principal”.

Pero en caso de expulsión la resolución pide se atiendan “sus necesidades en el proceso de devolución a su país de origen, y a que se vele por que en todo tipo de regreso, ya sea voluntario o no, se respete el principio de no devolución de conformidad con el derecho internacional aplicable”, es decir, si el retorno amenaza su integridad.

En ese contexto, la resolución alienta a los países a que “los niños migrantes no deberían ser objeto de detención o encarcelamientos arbitrarios” y urge a adoptar medidas “encaminadas a aumentar la cooperación y la coordinación” para hacer frente “a delitos graves como la venta y la trata de niños migrantes no acompañados, así como a otros tipos de abusos y explotación”.

El único bemol del consenso que dominó el debate fue una crítica de México que, sin disociarse de la resolución, advirtió sobre “el riesgo de establecer estándares diferenciados para diferentes grupos de migrantes”, al centrarse “en un grupo específico” de los mismos. Según el Estado, esto puede conducir a que se “rompa con el enfoque integral y comprehensivo” que debería primar sobre el tema. Por esta razón, recomendó velar por que esos estándares no resulten “contradictorios”.