Por: Juan Gasparini

 

La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín Cuéllar, advirtió que en el proceso de paz con las FARC “no se prevén amnistías, bajo ninguna circunstancia, para los crímenes graves de trascendencia internacional, en especial para los que son de competencia complementaria de la Corte Penal Internacional”, en su discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, reveló la agencia France Presse (AFP).

“Esperamos que el 2016 marque el fin de un conflicto armado de más de 50 años, el más largo del hemisferio occidental”, añadió Holguín. Su anuncio pareció indicar que la firma de los acuerdos de paz, prevista para el 23 del presente mes de marzo, según anticipara el presidente Juan Manuel Santos ante la Asamblea General de la ONU el año pasado, podría postergarse para una fecha ulterior.

“Las negociaciones de paz en la Habana se encuentran en su recta final tras haber logrado avances sin precedentes. De los cinco puntos sustanciales de la agenda” faltaría alcanzar “un acuerdo” en el punto de la “justicia”, precisó la ministra. Allí figuraría resolver el tema de las amnistías, las cuales, cabe destacar, son contrarias a los principios contra la impunidad de la ONU.

“Un país sin conflicto significa menos muertes, significa terminar con el reclutamiento de niños, acabar con el desplazamiento forzado, significa mayor presencia estatal en toda la geografía nacional, mayor inversión en educación, en salud, en vivienda, mayor bienestar para los colombianos, en especial para los más vulnerables”, anticipó Holguín.

“La firma de los acuerdos dará paso a una nueva era de paz y reconciliación, en la que el respeto de los derechos de millones de colombianos será primordial”, subrayó. “En síntesis, la paz significa mayores garantías para la protección de los derechos humanos, lo que a su vez constituye una condición necesaria para la no repetición del conflicto”, resumió.

La ministra recordó a su vez que, por solicitud del gobierno colombiano, “el Consejo de Seguridad aprobó en enero y, en forma unánime, una resolución que establece una misión política especial para el monitoreo y verificación del cese al fuego y la cesación de las hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas”.

También resaltó “los avances en materia de justicia” de su gobierno, “en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos”, con 1.143 condenas en cinco años. Citó 817 casos de “falsos positivos” (el asesinato de civiles inocentes haciéndolos pasar por guerrilleros abatidos en combate) en los que “se ha responsabilizado a 961 personas”; y el plan en 4 años para reparar a “cerca de 600.000 víctimas”, mediante la restitución de tierras por un valor de 3.300 millones de dólares.