Experto de la ONU deploró que México vive un alto nivel de estrés por falta de acceso al agua

El relator especial de la ONU sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, Léo Heller, lamentó ante el Consejo de Derechos Humanos que una buena parte de los mexicanos soporta niveles altos de estrés por la falta de acceso al agua potable, saneamiento y suministro del líquido vital, y llamó al Gobierno a asumir su responsabilidad de garantizar ese derecho a toda la población.

“Muchos viven en regiones que padecen un nivel alto o muy alto de estrés hídrico, experimentan bajos niveles de desarrollo y se enfrentan a diferentes conflictos socioambientales y niveles considerables de pobreza, lo cual exige estrategias específicas para la prestación de servicios”, cita el informe realizado por el relator sobre su misión a México del 2 al 12 de mayo de 2017, durante la cual observó graves problemas relacionados con el goce del derecho al agua y saneamiento en varias zonas rurales, especialmente en los estados de Chiapas y Veracruz.

“México afronta numerosos desafíos para garantizar el derecho humano al agua potable y el saneamiento a toda su población, buena parte de la cual reside en zonas urbanas periféricas y comunidades rurales muy dispersas en todo el país”, sostiene el informe, y añade que en los últimos años estas dificultades han aumentado a causa de un entorno económico en el cual los ingresos gubernamentales se han reducido drásticamente, debido en gran parte a la caída de los precios del petróleo.

El relator también indica que los presupuestos para agua y saneamiento han disminuido más del 37 % entre 2016 y 2017 y advierte que “esos recortes pueden tener un efecto dramático a corto, mediano y largo plazo en la realización progresiva de los derechos humanos”.

Léo Heller, relator especial de la ONU sobre el derecho al agua potable y saneamiento. UN Photo.

“Ese impacto negativo podría verse agravado por la situación institucional del sector, que, en palabras de un experto, se encuentra ‘en cuidados intensivos’ debido a las actuales condiciones políticas, financieras y presupuestarias”, observa el informe, y recuerda que la responsabilidad primordial por la realización de todos los derechos humanos, incluido el derecho al agua potable y el saneamiento, corresponde al Gobierno de México, del cual se espera que utilice el máximo de recursos disponibles para cumplir esa finalidad.

“El Relator Especial escuchó con preocupación de diferentes autoridades que el derecho al agua potable y el saneamiento no figuraba entre las máximas prioridades del Gobierno en el contexto de sus obligaciones de derechos humanos”, deplora el informe del experto brasilero.

Por otra parte, Heller observó que el artículo 4, párrafo 6, de la Constitución, reformado en 2012, garantiza explícitamente el derecho de toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua […] en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

“Mientras que encomia a México por esta nueva medida, el Relator Especial señala que la reforma de la Constitución exigía que en un plazo de 360 días se promulgara legislación específica sobre la cuestión”, por lo que lamentó que cinco años más tarde “todavía no se haya aprobado esa ley y que se hayan frenado los progresos al respecto”.

En este contexto, el relator propone que el Gobierno promulgue “sin dilación indebida” una legislación general revisada sobre el agua, en la cual se dé pleno efecto y significado a los derechos humanos al agua y el saneamiento consagrados en el derecho internacional y en la Constitución de México.

De igual forma, pide al Estado establecer “entidades reguladoras oficiales de los proveedores, tanto privados como públicos, que estén facultadas para asegurar que respeten plenamente los derechos humanos y cumplan las obligaciones y normas que impone la ley” y le recomienda actualizar con urgencia las normas de calidad del agua potable “siguiendo las guías y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para la calidad del agua”.

El agua y la pobreza

Para la ONU, unos servicios asequibles son esenciales para garantizar el derecho al agua, especialmente para las personas que viven en la pobreza ya que de los 121 millones de habitantes de México, aproximadamente 53.3 millones viven en la pobreza, y 11.4 millones en la pobreza extrema.

En su documento de 21 páginas, el experto de la ONU urge al Gobierno a velar por que se apliquen tarifas sociales a estos servicios “de modo que el suministro asequible de agua y saneamiento esté asegurado para todos, incluidos los más pobres y más marginados de la sociedad”, y a “establecer disposiciones jurídicas que prohíban la interrupción del servicio a los usuarios sin capacidad económica para pagar las facturas por ese servicio”.

Heller también argumenta que es responsabilidad del Estado eliminar las restricciones que limitan o prohíben la prestación de servicios de agua y saneamiento a los asentamientos ilegales o irregulares, y llamó al Estado a ofrecer más apoyo y financiación a los sistemas de agua y saneamiento gestionados por las comunidades a fin de lograr su ampliación y buen funcionamiento.

El agua en las escuelas

De igual modo, el relator mostró su alarma especialmente por el suministro y calidad del agua en un gran número de escuelas públicas de todo el país. “México tiene 206.155 escuelas públicas, de las cuales 42.617 obtienen agua de un pozo o de un camión cisterna, mientras que 6.489 escuelas no tienen acceso al agua. Cuando se dispone de agua, su calidad no está garantizada”, valora el informe.

“(El Estado) debe mejorar el acceso al agua, el saneamiento y la higiene en todas las instalaciones educativas en las zonas rurales y urbanas implementando rápidamente políticas para suministrar retretes y fuentes de agua potable”, además incluir en la legislación “la obligación legal de suministrar agua y saneamiento a las escuelas, instituciones de salud, prisiones y otras instituciones públicas”, recomendó.

Además, el relator recalca que el Gobierno debe tomar medidas para asegurar que los servicios de agua y saneamiento para los pueblos indígenas sean accesibles, asequibles y aceptables para ellos, y apropiados a sus propias tradiciones culturales, creencias y sistemas tradicionales de gestión de la tierra y el agua de la comunidad y llama a las autoridades a fortalecer la capacidad de acceso de todas las personas afectadas a remedios por vulneraciones de los derechos al agua y el saneamiento.

Finalmente, Heller alienta al Gobierno a que ratifique el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que permite la presentación de quejas al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por parte o en nombre de personas o grupos que se hallan bajo la jurisdicción de México y afirman ser víctimas de una vulneración de sus derechos humanos al agua y el saneamiento.