Por: Carmen Carrasco
Ginebra, 18 de febrero.- Las restricciones para acceder a un aborto terapéutico en casos de violación y la criminalización de las mujeres sospechosas de haber abortado, son algunas de las cuestiones que tendrá que responder Ecuador ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) este 19 de febrero en la sede de la ONU en Ginebra. Ecuador ratificó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en 1981, lo cual lo obliga a ser examinado cada cinco años.
Como ha señalado el Frente Ecuatoriano de Derechos Sexuales y Reproductivos, en su informe enviado al Comité como parte de la documentación que servirá de insumo al examen, la tasa mortalidad materna en Ecuador es una de las más altas en Latinoamérica. El Ministro de Salud Pública ha reconocido que este fenómeno afecta a mujeres en condiciones vulnerables, producto de la pobreza y alejamiento geográfico de los servicios de salud, entre otros factores.
Esta alta tasa de mortalidad está liada con el aborto en condiciones de riesgo, señala el informe del Frente. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el aborto en condiciones de riesgo es la segunda causa de mortalidad entre las mujeres, y la quinta causa de mortalidad en general.
Acorde con el Atlas de las Desigualdades Socio-Económicas publicada por el gobierno ecuatoriano en el 2014, una de cada cuatro mujeres en Ecuador ha sufrido algún tipo de violencia sexual. Sin embargo, la ley ecuatoriana no permite el aborto en casos de violación.
Criminalización del aborto
En Ecuador, las mujeres que han realizado un aborto ilegal son perseguidas judicialmente solo con el testimonio del personal médico que las han tratado, señala el informe del Frente. Esto viola directamente la Constitución Ecuatoriana y el Código Orgánico Integral Penal, el cual declara inadmisible cualquier declaración de profesionales de la salud.
Víctimas de “deshomosexualización”
Por otro lado, el Estado ecuatoriano tendrá que responder por las clínicas que realizan prácticas de “reorientación” sexual, donde se encierra a mujeres lesbianas contra su voluntad con el fin de “deshomosexualizarlas”.
El informe del Taller de Comunicación Mujer, preparado para el Comité, también resalta que desde 2005 hasta la fecha se han detectado 361 centros en Ecuador donde se realizan torturas y malos tratos a mujeres lesbianas.
Violencia contra la mujer
“No contar con una ley específica sobre la violencia contra las mujeres es un mecanismo de invisibilización de la problemática de la violencia de género”, señala enfáticamente este mismo informe. Esto ocurre, porque desde la entrada de vigor del nuevo Código Orgánico Integral Penal, entre otras cosas se pierde “el mecanismo de protección rápida a la mujer víctima… ya que se sustituyen las medidas de amparo por medidas cautelares”, acota el documento elaborado por la organización no gubernamental.
