Por: Edgar García

 

Ginebra, 19 de enero.- El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Cedaw, examinó hoy jueves a Ecuador respecto del grado de cumplimiento de la disposiciones contenidas en la Convención Internacional en la materia. Unos de los temas destacados por las expertas que integran el órgano de la ONU fue la criminalización del aborto en casos de violación; a pesar de las reiteradas preguntas que le fueron planteadas al Estado ecuatoriano sobre esta problemática, la delegación evitó responder con claridad.

El articulo 150 del Código Orgánico Integral Penal de la República del Ecuador estipula que el aborto no es punible cuando la salud o la vida de madre está en peligro o “si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental”. En todos otros casos las mujeres que abortan pueden ser perseguidas.

Por lo tanto, el Cedaw inquirió en varias ocasiones a la delegación ecuatoriana las razones por las cuales el aborto sigue siendo ilegal a pesar de la reforma del Código Penal que se implementó recién en el 2012. Las expertas Biancamaria Pomeranzi y Silvia Pimentel afirmaron que la penalización del aborto es contraria a los principios de artículo 12 de la Convención que consagra la “eliminación de la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica”.

Andrea Cecilia Vaca Jones, jefa de la delegación y Ministra Coordinadora de Desarrollo Social de Ecuador, respondió que el artículo 45 de la Constitución del país andino estipula “que el Estado reconoce y garantiza el derecho de vida de las niñas y niños desde la concepción.”

La experta brasilera Silvia Pimentel reaccionó con vehemencia diciendo que “cuidar la vida desde la concepción no permite la criminalizacion del aborto”. Además, invitó a Ecuador a hacer una reflexión más en profundidad sobre el artículo 45 de la Constitución e instó de nuevo al Estado andino a responder sobre la criminalización del aborto.

Por su parte, la experta suiza Patricia Schulz agregó que “la denegación del aborto puede constituir tortura” y que a las víctimas solo les quedan tres opciones “el aborto ilegal y correr el riesgo de morir de complicaciones, vivir con el dolor y el recuerdo de la violación mirando el fruto del delito y en fin suicidarse”. Además pidió a la delegación ecuatoriana que respondiera “cuándo se va otorgar este derecho [del aborto] a todas las mujeres violadas y cuántos casos han sido judicializados”.

Karina Peralta, delegada del Presidente del Consejo de Judicatura, admitió al Comité que hasta la fecha han habido “93 casos judicializados por supuesto delito de aborto, pero que es privado [el proceso judicial,] y no se puede dar más información”.

Vaca Jones afirmó que “el Ecuador cuenta con una política natal sólida”, por eso se estableció un protocolo de salud denominado “Guía de Práctica Clínica” para proteger a las mujeres que abortan de forma legal. El Comité mostró su insatisfacción sobre la falta de claridad en las respuestas, al extremo que la experta Patricia Schulz declaró que no escuchó respuesta su pregunta.

El Comité sesionará hasta el 6 de marzo. Será hasta entonces que se conozcan las conclusiones y recomendaciones de las expertas respecto de la situación de la discriminación contra las mujeres en Ecuador. Por su parte, el país deberá implementar dichas recomendaciones en el curso de los próximos cinco años, cuando le corresponderá de nuevo comparecer ante el Cedaw.