Por: Mélanie Belfiore

 

Ginebra, 27 de julio.- A esta conclusión llegaron los expertos del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, CEDAW por sus siglas en inglés, tras haber examinado la situación de España en la materia, el pasado 8 de julio.

«El Comité está alarmado por la prevalencia de la violencia contra las mujeres, incluida la violencia sexual, en el Estado Parte y por el alto porcentaje de mujeres que han muerto como resultado de la violencia de género en las parejas», afirmaron los expertos del CEDAW en su reporte final sobre el examen de España, publicado hoy en Ginebra.

Los expertos deploraron que la legislación actual esté centrada en la violencia de género dentro de las parejas. Por esta razón, pidieron a España que incluyera en su ordenamiento jurídico «otras formas de violencia de género» como por ejemplo «la violencia en los espacios públicos, lugares de trabajo y escuelas».

Asimismo, el Comité instó al Estado español a «proporcionar una formación obligatoria para los jueces, los fiscales, la policía y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley» en materia de violencia de género, con el objetivo de garantizar una acogida adecuada de las víctimas.

Para luchar contra la violencia de género, los expertos también insistieron en la necesidad de proporcionar estadísticas desglosadas «sobre la violencia doméstica y sexual» en el país, con el fin de ampliar el conocimiento de la situación y de responder a ella de manera eficaz.

Además, el Comité reiteró los cuestionamientos que otros mecanismos de la ONU, como el Examen Periódico Universal o el Comité de Derechos Humanos, habían formulado a España con respecto a la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y de los solicitantes de asilo.

Por otra parte, los expertos del CEDAW subrayaron la importancia de mantener la igualdad de género como una prioridad frente a las consecuencias de la crisis. Finalmente, el Comité pidió a España que no adoptara el proyecto de ley sobre el derecho al aborto de las niñas entre 16 y 18 años, que obligaría a las menores a obtener el consentimiento de sus padres para acceder a la interrupción del embarazo.

España tiene dos años para comunicar las medidas que aplicará para implementar las recomendaciones que el CEDAW considera más urgentes, es decir, aquellas relacionadas con la violencia de género y los solicitantes de asilo. En julio de 2019, el Estado tendrá que rendir cuentas sobre todas las otras recomendaciones formuladas por los expertos.

En este enlace está disponible, en inglés, el reporte final del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.