Por: Edgar García
Ginebra, 26 de marzo.- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia mostró su preocupación por “el número de casos de feminicidios”, la agravación de los problemas estructurales de la justicia y “algunas situaciones que afectan a defensores de derechos humanos y a organizaciones de la sociedad civil” en el país andino, en el marco de la presentación de su informe anual de actividades al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En el documento, la Oficina del ACNUDH informa sobre 105 casos de feminicidio, ocurridos entre enero y octubre 2014, de los cuales solo se registraron 54 denuncias y pocas sentencias “lo que subraya la necesidad de homogeneizar criterios y metodología para mejorar la aplicación del nuevo tipo penal de feminicidio”. No obstante, acoge favorablemente la adopción en el 2013 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348), que significa “un avance en la lucha contra la violencia de género”.
Para luchar contra este fenómeno criminal contra las mujeres, el ACNUDH urge a que se “adopten medidas urgentes contra la violencia de género y en particular, que las autoridades nacionales, departamentales y municipales asignen los recursos necesarios para la implementación integral de juzgados y fiscalías especializadas, así como de centros de acogida para víctimas en el marco de la Ley 348”.
En materia de administración de justicia y lucha contra la impunidad, los principales problemas estructurales de la justicia “continúan y se han agravado”, según el informe, el cual resalta la “escasa cobertura, altos índices de rezago judicial, impunidad, poca confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales, falta de acceso a la justicia, escasa independencia judicial y una clara incapacidad para garantizar el debido proceso, [igualmente] el presupuesto de las instituciones del sector justicia es insuficiente”.
Además, en el documento se afirma que el sector judicial boliviano sufre de “corrupción y de influencias políticas” y que la reforma de justicia iniciada en el 2010 “no ha arrojado hasta la fecha los resultados esperados para revertir los profundos y persistentes problemas estructurales que afectan a la administración de justicia”. Para revertir la tendencia, el ACNUDH recomienda a las instituciones del sector judicial, conjuntamente con todos los órganos del Estado, definir “un plan integral de reformas judiciales que plantee lineamientos básicos con medidas de corto, mediano y largo plazo para solucionar los problemas estructurales”.
En el marco de la presentación del informe ante el Consejo de Derechos humanos, Flavia Pansieri, además de destacar el compromiso del Gobierno para luchar contra la pobreza extrema (programas sociales de redistribución del ingreso), la desnutrición (disminución del 38% en 1990-1992 al 19,5% en 2012-2014) y mejorar el acceso a la educación (Bolivia es el segundo país de América Latina en cuanto a inversión en educación y cultura, con 6,7% del PIB), felicitó al país por sus esfuerzos para reducir la desigualdades y promover la inclusión de las personas más vulnerables.
También subrayó las acciones emprendidas para la lucha contra el racismo y otras formas de discriminación.
En repuesta, la delegación boliviana declaró que el Gobierno “ha demostrado ampliamente su firme compromiso con la promocción de los derechos humanos, desde el momento en que invitamos al Alto Comisionado para los Derechos Humanos a instalar sus Oficinas en el país”. Según Bolivia, el avance en el ambitó de los derechos humanos en el país es “dinámico” y agradeció el Alto Comisionado por el trabajo que ha realizado mediante sus oficinas en el país.
