Experto de la ONU denuncia que la policía en Argentina aún recurre a la tortura
El relator especial de la ONU contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes alertó este jueves sobre el presunto uso de prácticas de esa índole por parte de la policía argentina.
“Al parecer, la tortura y los malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad siguen siendo una práctica corriente”, señaló el experto Nils Melzer en su alocución ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante la presentación de su informe sobre la situación en Argentina, a donde acudió por invitación del Gobierno en abril de 2018.
“La cultura predominante dentro de las fuerzas policiales aparentemente aún encuentra aceptable la tortura y los malos tratos”, advirtió el experto suizo.
Las denuncias resultan especialmente desconcertantes en un país que aún no termina de contar las decenas de miles de desaparecidos, esclarecer los hechos y enjuiciar a los responsables de las violaciones de derechos humanas perpetradas durante la dictadura militar en los años setenta y ochenta.
De acuerdo con personas detenidas en las comisarías, que se entrevistaron con el relator, “las fuerzas policiales utilizan frecuentemente la violencia y amenazas con el fin de hostigar, provocar o intimidarlos y, en algunos casos, forzarlos a confesar un presunto delito o a delatar a otros”. Igualmente, denunciaron el uso de técnicas de sofocación con agua o con bolsas plásticas, sobre todo durante el traslado a la comisaría después de ser arrestados.
Los agentes de policía, según Melzer, están bajo una enorme presión para producir buenas estadísticas en cuanto a la resolución de crímenes, lo cual podría incentivarlos a utilizar métodos coercitivos para obtener confesiones rápidamente y por la fuerza. Asimismo, carecen de entrenamiento adecuado en otras técnicas de investigación forense basadas en la ciencia.
Mano dura contra el crimen
El experto en derechos humanos constató que en los últimos 20 años se ha implementado una política de mano dura como respuesta al incremento en el crimen violento y el deterioro de la seguridad pública en Argentina.
Esto se ha traducido en una aplicación excesiva de la prisión preventiva, incluso en casos de crimen no violento, lo cual ha causado que se triplique la población carcelaria. De las 76 261 personas que estaban privadas de libertad en 2016, el 60 % se encuentra bajo el régimen de detención preventiva. En la Unidad 23 del Complejo Florencio Varela en la provincia de Buenos Aires, que visitó Melzer, esta cifra llega al 80 %.
La mayoría de los privados de libertad, según el relator, son jóvenes de comunidades socioeconómicamente vulnerables, lo cual muestra el impacto discriminatorio de esta política.
Melzer también recogió testimonios de la población penitenciaria que denuncia abuso físico y psicológico como medida disciplinaria o incluso como represalia por haber denunciado malas condiciones de detención. En su informe, el experto dio el ejemplo de la cárcel de Bouwer en Córdoba, en donde los prisioneros reportaron que en la unidad médica podían estar atados o esposados a las camas hasta tres días.
El Estado respondió por su parte que el uso de tiras de tela para inmovilizar a los reclusos estaba reglamentado, sin embargo, no hizo mención de las esposas.
Uso de fuerza excesiva en contra de manifestantes
De acuerdo con el experto, denuncias de tortura y malos tratos se dan igualmente en otros contextos, como en desahucios o en manifestaciones como fue el caso de la marcha de mujeres el pasado 8 de marzo.
En septiembre de 2018, el grupo de trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias había producido un informe en el que mostraba preocupación por la prevalencia de las detenciones ilegales acompañadas de fuerza excesiva en el contexto de protestas sociales en Argentina.
Un clima de impunidad agrava la situación
De acuerdo con el experto, aunque hay un sistema de recolección de las denuncias de tortura y malos tratos, son pocas las que acaban en investigación, en particular cuando las víctimas son personas privadas de la libertad y los responsables son agentes del Estado. Esto promueve una cultura de impunidad dentro de las fuerzas de seguridad y el personal penitenciario.
El embajador argentino ante la ONU, Carlos Mario Foradori, tomó la palabra y aseguró que “la Argentina está decidida a profundizar las políticas de prevención y lucha contra la violencia institucional, la formación de las fuerzas de seguridad y del sistema penitenciario para el cumplimiento de las reglas mínimas y estándares de derechos humanos”.
El relator especial reconoció que había avances hechos en la materia y emitió recomendaciones específicas para proteger los derechos de las personas privadas de libertad pertenecientes a grupos vulnerables, como las mujeres embarazadas, la comunidad LGBTI y los pueblos indígenas.
