ACNUDH y sociedad civil en alerta por la nueva ley sobre terrorismo en Nicaragua
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos y diferentes ONG se pronunciaron contra la ley sobre lavado de dinero y terrorismo en Nicaragua. Denis Darce expone el alcance de esta ley que ya está siendo aplicada.
La Asamblea Nacional de Nicaragua, de mayoría oficialista, aprobó el pasado 16 de julio una ley sobre lavado de dinero y terrorismo. Horas después, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, manifestó a través de su portavoz en Ginebra que esta ley “presenta una definición muy amplia de terrorismo”, por lo que le preocupa que “pueda ser utilizada en contra de las personas que participen en las protestas” que empezaron el 18 de abril.
Denis Darce, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, coincide en el diagnóstico del ACNUDH: «el problema de la aprobación de una ley como esta es que pueda ser utilizada para criminalizar las acciones de los ciudadanos relacionados con las actividades de carácter humanitario que se han venido dando en el contexto de las protestas».
En diálogo con Panorama, Darce sostuvo que «el Gobierno, a través de las instituciones del Estado, como la Asamblea Nacional y el poder Judicial, está armando un entramado jurídico normativo que le permita procesar todos los actos que se han venido dando en apoyo a las protestas». Para él, «esto refleja que ellos se están encontrando sin la posibilidad real en el marco jurídico actualmente vigente de poder tipificar las acciones de solidaridad que se han venido desarrollando».
La aprobación de la ley, que sanciona el terrorismo con 15 a 20 años de cárcel, se inscribe en un contexto de crisis política que, según datos del ACNUDH, ha dejado más de 280 muertos, entre ellos 19 policías, 1830 heridos y centenares de detenidos desde que iniciaron las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega. Muchos de los que han sido detenidos por participar en las manifestaciones ya han sido procesados por terrorismo.
Darce señaló que, aunque ya el Código Penal nicaragüense tipifica los delitos relacionados con el terrorismo y su financiación, «esta nueva ley viene a reformar y ampliar el ámbito de conceptualización de los hechos dentro de ese tipo penal».
Por otra parte, advirtió que podría también ser utilizada para limitar el flujo de recursos para las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo la que él representa, puesto que establece penas de prisión a quien se considere que ha trasladado activos para “actos de terrorismo”.
Las preocupaciones del alto comisionado
A propósito de la ley, el portavoz de Zeid, Rupert Colville, dijo el pasado martes ante la prensa en Ginebra que “el texto es muy vago y permite una amplia interpretación que podría provocar que se incluyera a personas que simplemente están ejerciendo su derecho a la protesta».
A lo anterior añadió que el jefe de la rama de derechos humanos de la ONU ha observado en Nicaragua “una práctica emergente e inquietante consistente en la criminalización de los defensores y defensoras de los derechos humanos y de las personas que han participado en meras protestas”.
Colville citó como ejemplo el caso de Medardo Mairena, líder campesino detenido junto con Pedro Mena en el Aeropuerto Internacional de Managua, y quien fue calificado como terrorista y asesino por la policía.
Las declaraciones del alto comisionado fueron rechazadas por Nicaragua, que las calificó de «burda manipulación». A través de un comunicado, la Cancillería afirmó que al cuestionar esta ley la Oficina del ACNUDH “se vuelve cómplice precisamente de acciones que nuestra legislación, como Estado responsable, condena y que hemos aprobado acorde con los Convenios e Instrumentos Internacionales».
“Este tipo de declaraciones los convierte en cómplices de las acciones que grupos terroristas han llevado a cabo, asesinando nicaragüenses y destruyendo a nuestro país con miras a derrocar un Gobierno constitucional, democráticamente electo por nuestro pueblo”, sostuvo la Cancillería.
