Argentina debe asegurar el acceso al aborto seguro a las adolescentes: expertos de la ONU

Tras reunirse con una delegación argentina los pasados 14 y 15 de mayo, el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño urgió hoy al Estado a «garantizar el acceso al aborto seguro y a cuidados posabortivos para niñas adolescentes, asegurándose de que su opinión sea siempre escuchada y tenida debidamente en cuenta como parte del proceso de toma de decisión».

Desde Ginebra, el grupo de expertos independientes de Naciones Unidas expresó inquietud por las altas tasas de embarazo en adolescentes que presenta el país suramericano.

La legislación en materia de aborto en Argentina es sumamente restrictiva. Solo se permite la interrupción voluntaria del embarazo en caso de riesgo a la vida o salud de la mujer o cuando el embarazo sea producto de una violación a una mujer con discapacidad mental. En caso de que se trate de una menor, se requiere la autorización de la madre, el padre o el tutor legal para interrumpir el embarazo.

Las recomendaciones del Comité se formulan en un mes decisivo: la despenalización del aborto se encuentra en plena discusión en el Congreso y en torno al debate se han desplegado campañas enormes, tanto a favor como en contra. Por un lado, los pañuelos verdes se han convertido en símbolo por el «aborto legal, seguro y gratuito». Por otro, asociaciones en contra del aborto agitan banderas rojas con el lema «Salvemos las 2 vidas».

Después de discutir los argumentos de ambas partes, los legisladores deberán votar a mediados de junio el proyecto de ley que eliminaría las condiciones vigentes y permitiría a las mujeres abortar en cualquier circunstancia hasta la semana catorce de embarazo.

Según señalaron los expertos, en Argentina las adolescentes enfrentan barreras para el acceso a servicios de salud y educación sexual y reproductiva. En esta línea, recomendaron al Estado incluir el tema de salud sexual y reproductiva en el currículum escolar obligatorio para niñas y niños adolescentes, sobre todo en materia de prevención de embarazos precoces y enfermedades de transmisión sexual.

Asimismo, el Comité pidió a Argentina asegurarse de que los adolescentes tengan acceso a información sobre planificación familiar y métodos anticonceptivos modernos, inclusive en lenguas indígenas.

Dentro de sus observaciones, los expertos destacaron la urgencia de tomar medidas para reducir las elevadas tasas de mortalidad infantil en ciertas provincias y los altos niveles de pobreza que afectan sobre todo a niños indígenas, con discapacidad y a los que viven en áreas remotas. Otro de los aspectos que Argentina debe remediar, según el Comité, son las condiciones de hacinamiento, el abuso y la violencia que enfrentan niños, niñas y adolescentes en centros de cuidado alternativos o de acogida y en centros de detención juvenil.

Los expertos también llamaron la atención sobre la prevalencia del abuso sexual en contra de niños en el entorno familiar. A su vez, recalcaron que el Estado debe evitar separar a los niños de sus familias y colocarlos en centros de acogida solo en última instancia.

Estas, junto con otras recomendaciones, deberán ser implementadas por Argentina en observancia de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Estado en 1990. Además, tendrá hasta enero de 2023 para entregar su próximo informe sobre los avances que haya hecho para poner en marcha estas recomendaciones y garantizar el ejercicio de los derechos de los niños en el país.