Más de 30 años de impunidad por desapariciones forzadas en Honduras preocupan a la ONU

Tras evaluar la situación de derechos humanos en Honduras, el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas expresó preocupación por «la falta de avances en las investigaciones sobre el alto número de casos de desaparición forzada reportados en el Estado parte», e instó a las autoridades «a realizar sin demora una investigación exhaustiva e imparcial» cuando haya sospecha de que una persona ha desaparecido de manera forzada, sin necesidad de que haya una denuncia formal.

Los expertos independientes de la ONU, quienes se reunieron el 22 y 23 de mayo en Ginebra con una delegación del Estado hondureño, hicieron énfasis en sus observaciones finales en los casos de personas desaparecidas entre los años 80 y 90, cuyas investigaciones no han culminado en ni una sola condena.

Ocurridas en un periodo en que prevaleció la Seguridad Nacional, las desapariciones forzadas en Honduras fueron «una práctica ejecutada y tolerada por las autoridades del Estado», según un informe alternativo del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) presentado ante los expertos como insumo para el examen del Estado.

En dicho informe, la ONG registra 184 casos de desapariciones forzadas en esa época, que permanecen impunes. También identifica 13 casos de desapariciones forzadas en el marco del golpe de Estado de 2009, en que el Ejército removió al presidente Manuel Zelaya, e identifica a muchas de las víctimas como defensores de derechos humanos, miembros de la resistencia o acusados de colaborar con ella. Los responsables de estos casos tampoco han sido juzgados.

Para remediar esto, los expertos de la ONU instaron al Estado a acelerar las investigaciones. Sin embargo, determinaron que existen obstáculos, como el hecho de no calificar el delito como desaparición forzada y que los agentes estatales que están presuntamente implicados no sean suspendidos de sus funciones.

Asimismo, los expertos señalaron que se restringe el acceso a centros penitenciarios al Ministerio Público, a jueces, al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (CONAPREV) y otras instituciones y autoridades competentes, por lo que instaron al Estado a que se les garantice la entrada cuando se sospeche de un caso de desaparición forzada.

Otro obstáculo señalado por los expertos fue la incongruencia en las cifras que maneja el Estado sobre casos de esta índole. En esa línea, el Comité urgió a Honduras a crear un registro detallado que incluya a las víctimas desaparecidas en el país, así como también a los hondureños desaparecidos fuera del territorio nacional.

Por otra parte, el Comité mostró gran inquietud «por los relatos de continuos casos de hostigamiento, amenazas, vigilancia y homicidios de que son víctimas los familiares de las personas desaparecidas y las personas defensoras de los derechos humanos», y urgió al Estado a implementar las medidas de protección que prevé la ley.

En su informe alternativo, el COFADEH denunció que se ha reportado «un constante hostigamiento y amenazas» en contra de los familiares de los desaparecidos entre 2009 y 2015, en el contexto del Golpe Militar.

Como órgano que vela por el cumplimiento de las disposiciones de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, el Comité otorgó al Estado un plazo de un año para proporcionar información sobre la implementación de estas observaciones.

Asimismo, Honduras tendrá hasta el 1 de junio de 2021 para presentar su próximo informe sobre la implementación de las demás recomendaciones en materia de responsabilidad penal y cooperación judicial con otros Estados acerca de desapariciones forzadas, independencia en las investigaciones, desapariciones de migrantes y medidas de prevención y difusión de la Convención.