Por: Edgar García

 

Ginebra 30 de enero.- Este lunes 2 y martes 3 de febrero, el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) examinará el grado de cumplimiento por parte de México de sus obligaciones internacionales en materia de prevención y protección contra el fenómeno de las desapariciones forzadas. La sombra de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos planeará sobre la sesión.

Según organizaciones no gubernamentales mexicanas, el caso de Ayotzinapa, además de ser “una profunda herida para la sociedad mexicana”, “muestra que el Estado no es capaz de erradicar la desaparición forzada y que el país enfrenta hoy una grave crisis en esta materia”. Piden al Comité que se realice “un fuerte pronunciamiento para condenar la desaparición forzada de los 43 estudiantes y para exigir justicia, verdad y reparaciones en este emblemático caso” en un informe conjunto entregado al Comité.

Este informe fue elaborado por el Centro de derechos humanos de la montaña Tlachinollan, el Centro regional de defensa de los Derechos Humanos José Morelos y Pavón, A.C., la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y el Centro Prodh Centro de Derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.

Desde el punto de vista de las organizaciones, contrariamente a lo que afirma el Estado mexicano en su informe, el país no satisface plenamente las obligaciones internacionales, lo cual impide, por ejemplo, que la Convención sobre Desaparición Forzada forme parte del ordenamiento jurídico interno. Así, el caso de Ayotzinapa muestra que “el marco jurídico es insuficiente y que las autoridades ignoran la Convención” según en el informe.

También destacan que la definición de las competencias y jurisdicciones para la investigación y el juzgamiento de las desapariciones forzadas es imprecisa. Esto tuvo por consecuencias en Ayotzinapa que “las investigaciones empezaron con ocho días de retraso y que la indagatoria no comenzó por el delito de desaparición forzada sino por el delito de delincuencia organizada”; además “ninguna de las instancias que el informe estatal presenta como estructuras competentes y funcionales para investigar las desapariciones haya intervenido”.

En el ámbito de las investigaciones de la desaparición de los estudiantes, las organizaciones lamentan que este tipo de pesquisas “no inicia de inmediato ni de manera oficiosa”. En consecuencia, critican la versión de los hechos planteadas de la autoridades mexicanas y en particular sobre las conclusiones presentadas por el Procurador General de Justicia, Jesús Murillo Karam, quien declaró que los estudiantes “están muertos” y que esto es “la verdad histórica”.

Tales dudas pueden explicarse a partir que “uno de los principales problemas que tiene la administración de justicia de México es que se apoya en declaraciones testimoniales. En general muchas de las declaraciones testimoniales son obtenidas bajo coacción o tortura”, según han coincidido varios expertos de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las organizaciones lamentan la ineficacia del sistema de protección de derechos humanos (sistema de Ombudsman) en casos de desapariciones forzadas en México con relación a las sumas invertidas, que son la más altas del continente y mayores al los presupuestos de diversas instancias internacionales.

El caso de Ayotzinapa es un caso similar a los de desapariciones forzadas que ocurrieron desde el inicio de 2006 en el marco de la llamada “Guerra contra el narcotráfico” lanzada por el entonces presidente Felipe Calderon. Un grupo de activistas, académicos e intelectuales piden que el Expresidente sea demandado ante la Corte Penal Internacional (CPI) por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad, debido a que su estrategia contra el narcotráfico ha causado “la muerte de 50.000 personas, 230.000 desplazados, 10.000 desaparecidos y 1.300 jóvenes y niños asesinados» según los activistas.