Con un aporte de solo doce mil dólares, Estados de América Latina salvarían a la CIDH

Veintiséis de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) no han hecho aportaciones adicionales a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Si cada uno de ellos contribuyera ahora con 12 307 dólares, la Comisión podría garantizar la celebración del periodo de sesiones del segundo semestre de este año y solventaría la peor crisis financiera de su historia.

“La crisis de la CIDH continúa: no la hemos podido superar”, afirmó en entrevista con Panorama la jefa de prensa de la Comisión, María Isabel Rivero, quien señaló que hasta ahora cuentan con 681 800 dólares en el presupuesto, “pero lo que se necesita es un millón, así que todavía falta recibir un mínimo de 320 000 dólares para decir que la crisis más aguda se superó en el corto plazo”, precisó Rivero.

De los 35 Estados miembros de la OEA, solamente 9 han hecho aportaciones adicionales desde el llamado que hizo el organismo para alertar sobre la crisis económica que estaba enfrentando. Esto quiere decir que si se dividieran equitativamente los 320 000 dólares de déficit entre los 26 Estados que no han colaborado a cada uno le correspondería pagar 12 307 dólares.

Además de su cuota regular a la OEA, en los últimos años México ha hecho las siguientes contribuciones: en 2011 aportó 100 000 dólares; en 2012, 285 000; en 2013, 305 000, y, en 2014, 500 000.

Como es sabido, México también contribuyó con dos millones de dólares para los trabajos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), encargado de la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014. Sin embargo, esa aportación es independiente de la cuota adicional para la CIDH que en los últimos años ha significado un gran apoyo para el organismo.

“De México no hemos recibido nada”: portavoz de la CIDH.

“En los últimos dos años, México no ha contribuido financieramente con la CIDH ya que sus aportes fueron para el GIEI”, sostuvo Rivero, quien reconoció que, si hubiera la voluntad de hacerlo, México podría salvar a la CIDH de la crisis financiera en la que se encuentra, especialmente porque la cantidad que hace falta, los 320 000 dólares, es pequeña para una de las economías más fuertes del continente.

Otro de los países de los que también se esperaría mayor apoyo es Brasil, que no ha hecho contribuciones adicionales a la CIDH, pero que tampoco ha pagado las cuotas regulares a la OEA en los últimos tres años, refirió Rivero.

Explicó que la CIDH pudo extender los contratos de personal que vencían el 31 de julio, algunos hasta el 30 de septiembre y otros hasta el 30 de noviembre, gracias a la reprogramación de fondos aportados por Estados Unidos. Adicionalmente, la CIDH recibió contribuciones voluntarias de Antigua y Barbuda (1800 dólares), Panamá (150 000 dólares) y Chile (20 000 dólares, en adición al financiamiento del Período Extraordinario de Sesiones en Santiago de Chile en junio de este año).

Rivero agregó que la CIDH espera poder renovar los contratos del personal para contar con todo su plantel por el resto del año. Esto será posible cuando se reciban los aportes anunciados mediante cartas de compromiso recibidas de Argentina (160 000 dólares en adición a los 40 000 que había aportado antes del anuncio de la crisis), Colombia (100 000 dólares), Estados Unidos (100 000 dólares en adición a los 2 483 146 que había aportado antes del anuncio de la crisis) y Perú (50 000 dólares en adición a los 5000 que había aportado con anterioridad), Uruguay (24 460 dólares), así como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) (100 000 dólares).

Sin embargo, y a pesar de toda la ayuda recibida, lo que está en juego es el periodo de sesiones de octubre: “Lo que no tenemos claro es de dónde van a salir los fondos para reprogramar el periodo de sesiones del segundo semestre del año, que originalmente estaba previsto para fines de octubre y principios de noviembre”, manifestó con gran preocupación la jefa de prensa de la CIDH.

“Los periodos de sesiones son de la máxima importancia”, enfatizó, y detalló que allí se llevan a cabo unas 55 audiencias públicas sobre diversos asuntos de todo el continente, 30 o 40 reuniones de trabajo para encontrar soluciones amistosas en diversos casos o para coordinar y analizar el seguimiento de medidas cautelares, entre otras actividades. Por eso, el no celebrar un periodo de sesiones “es realmente de suma gravedad”.

Además, llamó la atención sobre el hecho de que, de los cuatro pilares de la Organización, que son democracia, desarrollo, seguridad y derechos humanos, la OEA destine un porcentaje menor de sus recursos a este último (solo un 9 % del total, repartido en 6 % para la Comisión y 3 % para la Corte Interamericana de Derechos Humanos).

Si el presupuesto se repartiera de manera equitativa a cada uno de los pilares le correspondería el 25 % del financiamiento.

Para contrarrestar este problema crónico en su economía, en los últimos años la CIDH ha pedido fondos a Estados observadores, principalmente europeos, y de esa manera ha logrado salir a flote. Sin embargo, a raíz de la crisis de refugiados en Europa estos aportes han bajado de un promedio de 2 millones en los últimos años a 1.2 millones en 2015 y a 300 000 dólares este año.

“Esto es lo que nos puso en la crisis inmediata”, dijo María Isabel Rivero, quien agradeció en nombre de la Comisión el apoyo financiero recibido de los países observadores en años anteriores. En realidad, la “responsabilidad política de sostener a la CIDH radica en los Estados miembros”, dijo, por lo que son los Gobiernos del continente americano los que tendrían que garantizar la supervivencia de la CIDH.

En este sentido, de acuerdo con expertos y miembros de la sociedad civil consultados por Panorama, la cuestión de salvar a la Comisión evidentemente no es un tema relacionado con la economía ya que 320 000 dólares son una cantidad mínima si se trata de asegurar la sostenibilidad de las actividades y el importante mandato que América le encomendó a la CIDH.

Más bien se trata de un asunto de voluntad política pues, al parecer, algunos Estados temen el escrutinio de la CIDH y están dispuestos a sabotear lo que ha avanzado el sistema interamericano de derechos humanos en favor de las víctimas.