Por: Carmen Lucía Castaño
Ginebra, 15 de septiembre.- Siete meses después de que el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada expresara que México presenta un “contexto de desapariciones generalizadas”, el Grupo de Trabajo sobre el mismo tema lo reiteró hoy durante la presentación de su informe en Ginebra: “Salvo excepciones, la impunidad prevalece, los hechos no se esclarecen y las víctimas no reciben una adecuada e integral reparación”, aseguró Ariel Dulitzky, presidente del Grupo.
El reporte presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, reunido hasta el 2 de octubre para su trigésima sesión, es un seguimiento a la implementación de las recomendaciones que el Grupo de Trabajo formuló a México luego de una visita que tuvo lugar en 2011.
En su intervención frente al Consejo, Dulitzky sentenció: “Los grandes desafíos detectados durante la visita y plasmados en nuestro informe de misión aún perduran y de hecho se han agravado”.
Tras recibir la información que el mismo Estado proporcionó, los cinco expertos que conforman el Grupo manifestaron su “pesar” debido a que la mayoría de las recomendaciones “fundamentales para enfrentar los problemas estructurales en materia de desaparición forzada no han sido plenamente implementadas”.
Las demás constataciones consignadas en el informe son del mismo tenor: “No existe un diagnóstico nacional sobre el problema de la desaparición forzada”; en México “no ha habido un reconocimiento respecto de la dimensión del problema”; “En la mayor parte del territorio las medidas implementadas son notoriamente insuficientes”; “El Grupo no fue informado de algún tipo de política pública o programa que brinde apoyo a los familiares”.
Con respecto al papel de México en las investigaciones sobre las desapariciones forzadas perpetradas durante el período conocido como “Guerra Sucia”, el Grupo se refiere a un “abandono” al tiempo que asegura que “parecería que en este tema el Estado ha renunciado al cumplimiento de sus obligaciones internacionales”.
Adicionalmente, el informe resalta que la falta de reconocimiento de la magnitud del fenómeno en México “quedó evidenciada con la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014”.
A pesar de los hallazgos del Grupo, su presidente reiteró al Estado la disponibilidad de los expertos para brindar su apoyo y cooperación con miras a alcanzar el pleno cumplimiento de las obligaciones internacionales de México en materia de desaparición forzada. “Esta realidad puede y debe ser transformada”, dijo Dulitzky, quien agregó que “el Estado cuenta con una oportunidad histórica de transformar la situación imperante”.
El Estado, por su parte, se dirigió al Consejo de Derechos Humanos para expresar que “toma nota” de las conclusiones del informe, que reconoce “sin ambigüedad” que deben seguir trabajando para implementar las recomendaciones del Grupo, lograr eliminar la desaparición forzada, castigar a sus perpetradores y reparar a las víctimas.
De la misma manera, México destacó la importancia de la cooperación entre organismos internacionales y regionales de protección de derechos humanos y puso como ejemplo su reciente búsqueda de la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con miras a esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Iguala.
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas es un mecanismo de las Naciones Unidas creado en 1980 con el fin de funcionar como un canal de comunicación entre las familias o asociaciones de víctimas de desaparición forzada y los gobiernos de los Estados en los que tiene lugar esta violación de los derechos humanos, con el fin de lograr resolver los casos. A partir de 1992, cuando la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, el Grupo tiene también la facultad de hacer seguimiento al progreso de los Estados en el cumplimiento de las disposiciones del instrumento y de proporcionarles asistencia para su implementación.