La ONU pide a Colombia y a las FARC-EP rendición de cuentas en el proceso de paz

Kate Gilmore, la adjunta del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, formalizó sus recomendaciones al Gobierno colombiano y a las FARC-EP para que la implementación del acuerdo de paz se lleve a cabo “con base en los estándares internacionales de derechos humanos” y los invitó a “reconocer plenamente” sus responsabilidades en el conflicto. Así está consignado en un informe presentado hoy en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reveló la Agencia France Presse (AFP).

“Sigue vigente el desafío del Estado y las FARC-EP de reconocer plenamente sus responsabilidades por las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en el pasado, de tal forma que satisfaga los derechos de las víctimas”, recalca el informe. “Amplios sectores oficiales y políticos aún niegan que agentes del Estado hayan perpetrados graves violaciones, incluso en los casos en que el presidente ha reconocido oficialmente la responsabilidad del Estado”, afirma el Alto Comisionado.

“Las solicitudes de perdón de las FARC-EP cumplirán su objetivo una vez las víctimas las acepten y comiencen a recibir los beneficios de acciones más amplias de reparación”, apunta también el informe.

El Gobierno colombiano, representado por su embajadora en Ginebra, Beatriz Londoño Soto, reiteró “que no habrá impunidad” y que “se están haciendo los ajustes necesarios” para cumplir con “los estándares internacionales” y “con lo pactado” para “hacer visibles los beneficios de la paz”. Sin embargo, la diplomática suprimió en su discurso oral una frase de su texto escrito entregado a la ONU, en el que se afirmaba que “seguiremos fomentando la transparencia y la rendición de cuentas”.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, máxima instancia supranacional en la materia, está compuesto por 47 Estados, elegidos mediante el voto secreto de la Asamblea General, según una distribución equitativa por regiones del planeta. Actualmente se encuentra presidido por El Salvador, en nombre de América Latina y el Caribe, grupo que dispone de ocho escaños en el órgano intergubernamental.

Los Estados latinoamericanos que integran actualmente el Consejo de Derechos Humanos son Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay y Venezuela.

Colombia es un Estado observador ante el Consejo. Con el evidente objetivo de evitar ser condenado por las históricas violaciones de los derechos humanos y de que se le impusiera un experto para dar seguimiento al caso, como existe, por ejemplo, Birmania o Corea del Norte, el Gobierno colombiano aceptó en 1996 el establecimiento de una Oficina del Alto Comisionado en su territorio para monitorear la situación. Este fue el organismo que elaboró el informe presentado hoy.

El documento del Alto Comisionado advierte que “entre los desafíos externos para la exitosa implementación” del “sistema integral de justicia transicional en el Acuerdo de Paz”, destacan “la inseguridad y el interés de algunos sectores poderosos de evitar rendición de cuentas”. En ese sentido, lamenta que dicho sistema “si bien incluye referencias generales a las garantías de no repetición, no establece previsiones específicas para materializarlas”.

El Alto Comisionado pide que las FARC-EP “aporten sus archivos”, para que sean “considerados de la misma manera que aquellos del Estado” y subraya la necesidad de que los combatientes en vías de abandonar las armas tengan “la seguridad y el acceso a condiciones de vida”, sin olvidar que las “experiencias anteriores de desmovilización (…) ilustran la estigmatización y la violencia que pueden enfrentar los líderes e integrantes de las nuevas organizaciones políticas”.

Previendo “el riesgo” de que los desmovilizados de las FARC-EP “se vinculen con actividades criminales”, el Alto Comisionado hace un llamado para que el Estado vele por “el establecimiento oportuno y funcionamiento efectivo de los mecanismos de seguridad y protección para ellos, y la creación de empleos que contribuyan a la infraestructura social” con vista a “fortalecer el proceso de reintegración”.

La ONU estima que “la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) podría manifestarse públicamente para dar claridad sobre las normas aplicables relacionadas con la responsabilidad del superior” con el fin de que los altos cargos del Estado no eludan la rendición de cuentas. Mientras tanto, espera propuestas del Gobierno “para regular la depuración de funcionarios públicos vinculados a graves violaciones de los derechos humanos” y desea garantías sobre el respeto a las víctimas en cuanto a “las amnistías, indultos, y tratamientos penales especiales”.