La ONU pidió a Honduras eliminar de su legislación los términos peyorativos con las personas con discapacidad

Después de examinar a Honduras los pasados 30 y 31 de marzo, el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad recomendó al Estado adoptar un plan para revisar, derogar, reformar y adaptar sus políticas y leyes, en las que prevalecen términos peyorativos, con el fin de tener una legislación incluyente que reconozca a las personas con discapacidad como sujetos plenos de derechos humanos.

De igual manera, el Comité recomendó al Congreso Nacional de Honduras la aprobación definitiva de “la actualización de la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad, tomando en cuenta las observaciones presentadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) en febrero de 2017”. Esta reforma, en curso actualmente en el Congreso, busca subsanar “las disposiciones de carácter muy general” con las que dicha Ley aborda los derechos de estas personas.

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad está conformado por 18 expertos independientes. Es el órgano de la ONU encargado de supervisar la observancia de las disposiciones de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Honduras el 14 de abril de 2008.

Una de las preocupaciones del Comité es la escasa independencia y las pocas labores de supervisión de la Dirección General de Desarrollo de las Personas con Discapacidad (DIGEDEPDI), organismo encargado de la protección de esta población en Honduras.

Por esta razón, el Comité recomendó al Estado velar por que el mecanismo destinado a promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención se ajuste a los Principios de París, relativos al estatuto y funcionamiento de las Instituciones Nacionales de Protección y Promoción de los Derechos Humanos, para garantizar que se trate de un órgano independiente, tenga una estructura jerárquica, cuente con los recursos suficientes para llevar a cabo sus funciones y asegure la participación de las personas con discapacidad y de las organizaciones que las representan.

Otro de los temas que inquietan al Comité son los altos niveles de desempleo, tanto en la esfera pública como privada, de las personas con discapacidad. El grupo de expertos de la ONU invitó al Estado a implementar estrategias específicas que aumenten el nivel de empleo de las personas con discapacidad en el sector público, y, a su vez, garanticen la obtención de un trabajo en igualdad de condiciones y remuneración, en concordancia con el artículo 27 de la Convención.

Artículo 27: “Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad”.

En el documento que contiene sus observaciones finales, el Comité también recalcó la importancia de capacitar a docentes y profesionales de la salud que trabajan con personas con discapacidad, especialmente con las que presentan una discapacidad intelectual o psicosocial.

Asimismo, recomendó al Estado adoptar y asignar planes que garanticen el servicio de salud dirigido a las personas con discapacidad, incluyendo el servicio de salud sexual y reproductiva, especialmente en zonas rurales y comunidades afrohondureñas. Del mismo modo, pidió al Gobierno brindar los recursos necesarios para ofrecer una educación inclusiva, tanto básica como superior, y recomendó que “la Universidad Autónoma de Honduras vuelva abrir dentro de su oferta académica la Carrera de Técnico Intérprete en la Lengua de Señas”.

Honduras debe presentar su próximo informe al Comité a más tardar el 11 de mayo de 2022.