La Organización de Naciones Unidas tendrá un relator especial sobre el derecho al desarrollo

A partir de marzo de 2017, la ONU contará con un relator especial sobre el derecho al desarrollo. Así lo decidió en Ginebra el Consejo de Derechos Humanos, que culminará mañana su trigésima tercera sesión ordinaria. Según la resolución adoptada hoy, quien sea designado como titular de este mandato deberá “contribuir a la protección, promoción y cumplimiento del derecho al desarrollo”, consagrado como derecho humano por la Asamblea General en 1986.

La iniciativa, presentada al Consejo por Venezuela en nombre del Movimiento de Países no Alineados, recibió el respaldo de 34 de los 47 miembros del órgano intergubernamental. Todos los Estados latinoamericanos que allí ocupan una silla votaron a favor: Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay y Venezuela.

Los Estados miembros de la Unión Europea se abstuvieron de votar, salvo Francia y el Reino Unido que votaron en contra. Suiza, que también se abstuvo, explicó que, aunque “saluda” la iniciativa y reconoce la importancia del derecho al desarrollo, considera redundante el nombrar a un relator encargado de su promoción toda vez que, a su juicio, el Grupo de Trabajo sobre el derecho al desarrollo, constituido desde 1998, ya cumple con ese mandato.

Así votó el Consejo la resolución sobre el derecho al desarrollo.

Según las disposiciones de la resolución adoptada hoy, el relator especial, que será designado para un período de tres años durante la trigésima cuarta sesión del Consejo, deberá “contribuir en los esfuerzos para integrar el derecho al desarrollo en los órganos de la ONU, las agencias de cooperación y las instituciones internacionales para el desarrollo, el comercio y los asuntos financieros”.

El futuro titular de este mandato también presentará un reporte anual al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de la ONU y respaldará la labor del Grupo de Trabajo sobre el derecho al desarrollo “tomando en cuenta, entre otros, sus discusiones y recomendaciones para evitar redundancias”.

En virtud de la resolución, el Consejo invitó a los Estados a cooperar con el nuevo relator, a suministrarle la información que requiera y a tomar en cuenta sus recomendaciones. Así mismo, pidió a la Secretaría General de la ONU y a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos que provea al titular del mandato de los recursos y personal suficientes para cumplir con su labor.