Michelle Bachelet pidió a Venezuela liberar a las personas detenidas por motivos políticos

por | 17-12-2019

Solicitó la excarcelación de Juan Requesens y garantías procesales para Roberto Marrero. También destacó la liberación de 28 personas que se encontraban en esa situación.

La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, solicitó a las autoridades venezolanas “otorgar libertad plena” al diputado opositor Juan Requesens, detenido desde el 7 de agosto de 2018 acusado de haber participado en el atentado contra Nicolás Maduro, ocurrido tres días antes.

En un discurso pronunciado este miércoles en Ginebra, con el fin de dar una actualización sobre la situación en Venezuela, Bachelet recordó que un grupo de expertos de Naciones Unidas examinó en noviembre pasado el caso del diputado y consideró que su detención fue arbitraria por lo que, además de su liberación, los relatores de la ONU pidieron indemnizarlo y sancionar a los responsables de la vulneración de sus derechos.  

Dirigiéndose al Consejo de Derechos Humanos, Bachelet denunció irregularidades en “el juicio por el intento de magnicidio contra el presidente Maduro, por el cual están siendo juzgados 14 hombres y tres mujeres”. En particular se refirió a que las primeras sesiones no fueron públicas ya que “solo se permitió el acceso de las partes y algunos familiares a la sala de la audiencia”.

“Restricciones similares se presentaron en la primera audiencia de juicio en contra del que era director del despacho de la presidencia de la Asamblea Nacional, Roberto Marrero”, detenido desde el 21 marzo bajo cargos de terrorismo y por haber participado, según las autoridades, en los apagones eléctricos ocurridos ese mes en varios estados de Venezuela. Bachelet llamó al poder judicial a garantizarle a Marrero “el derecho a un juicio justo, incluyendo el derecho a la defensa y el principio de publicidad”.

En el mismo sentido, la alta comisionada pidió al Gobierno “liberar incondicionalmente a todas las personas detenidas por motivos políticos, incluyendo a militares”, y destacó la excarcelación, en meses pasados, de 28 personas que se encontraban en esta situación.

Bachelet también manifestó su preocupación por el reciente levantamiento de la inmunidad de cinco diputados de la oposición, “así como los actos de hostigamiento contra representantes de la oposición, incluido el presidente de la Asamblea Nacional”.

En este sentido, y de cara a las elecciones parlamentarias que tendrán lugar en 2020 en Venezuela, Bachelet afirmó que es “crucial garantizar las libertades públicas” para asegurar que los comicios sean “libres, imparciales, creíbles, transparentes y pacíficos”.

¿Por qué habló Bachelet sobre Venezuela?

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidió a la alta comisionada presentar este reporte oral a través de dos resoluciones adoptadas en septiembre pasado. Una de ellas, impulsada por el Grupo de Lima, creó además un mecanismo internacional independiente para investigar la situación en Venezuela, cuyos miembros, Marta Valiñas, Francisco Cox y Paul Siels, fueron designados por el presidente del organismo el 2 de diciembre.

Desde el mismo día de la creación del mecanismo de investigación, el primero de esta naturaleza en América Latina, el embajador venezolano ante la ONU en Ginebra anunció que este “no contará jamás con el consentimiento del Gobierno”.

Para Caracas, el propósito de establecer este mecanismo es sabotear la cooperación entre las autoridades de Venezuela y la oficina de Michelle Bachelet, cuyos delegados se encuentran en el país desde junio, luego de años de intentos infructuosos por lograr esta presencia.

En su discurso del miércoles, Bachelet informó acerca de los avances que ha logrado su equipo en el terreno y destacó, por ejemplo, que en los últimos tres meses se han hecho nueve visitas a centros de detención, incluyendo la cárcel de Ramo Verde, y que se han llevado a cabo entrevistas confidenciales con más de 70 personas privadas de la libertad.

Adicionalmente, el Gobierno y el despacho de Bachelet estudian la posibilidad de crear una oficina permanente de la alta comisionada en Venezuela, tal como ya ocurre en países como Colombia, Guatemala o México.