Por: Carmen Lucía Castaño
Ginebra, 26 de marzo.- El informe de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), presentado ayer en Ginebra en el marco del Consejo de Derechos Humanos, muestra un panorama de la situación actual del país que abarca desde el reconocimiento de los esfuerzos del Estado por cumplir sus compromisos internacionales hasta la preocupación de la Oficina por la crisis persistente en lo que respecta a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en ese territorio nacional.
El informe destaca los avances que el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han alcanzado en los dos años de diálogos de paz con miras a “poner fin a cinco décadas de conflicto armado”, y resalta su decisión “sin precedentes” de llevar a las víctimas de la guerra a la mesa de negociación.
De igual forma, pone de relieve que una eventual culminación exitosa de los diálogos permitiría ampliar la presencia del Estado para “hacer frente a la desigualdad y mejorar la situación de los derechos humanos” y reconoce los rediseños institucionales que en ese sentido ha conducido el gobierno nacional.
De otra parte, el reporte da cuenta de la preocupación del ACNUDH por la coexistencia de dos realidades asimétricas en el país suramericano: la de las ciudades, cuya población se beneficia del crecimiento económico, ejerce sus derechos y disfruta de la igualdad ante la ley, y la de las zonas rurales o las urbanas marginales en donde el panorama es totalmente opuesto.
Esta última realidad es escenario de la amenaza permanente a los defensores de los derechos humanos, de la violencia, del acceso desigual a los servicios públicos, a la salud, al empleo y a la educación. Esa “otra Colombia” está definida, según el informe, “en función del conflicto armado y la exclusión socioeconómica”.
Por esa razón, además de las once recomendaciones hechas al Estado colombiano, el ACNUDH le recuerda que “el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales no puede venir determinado por el lugar de residencia de una persona”. En el mismo sentido, señala que la paz que puede resultar de los diálogos con las FARC solo será sostenible si en el país se superan “las desigualdades en el acceso a los derechos políticos y económicos y a los servicios públicos”.
Adicionalmente, en el documento está consignada la preocupación de la ONU por la impunidad, particularmente en los casos de ejecuciones extrajudiciales, por la precaria participación de la población de zonas mineras en la toma de decisiones sobre proyectos de explotación, el hacinamiento en las cárceles y la poca observancia del derecho internacional humanitario por parte de los actores en conflicto.
En su discurso durante la presentación del informe, Colombia se refirió de manera casi exclusiva a las acciones destacadas positivamente por la Oficina del ACNUDH sobre el avance hacia la consecución de la paz e hizo una única referencia a la grave situación que enfrenta en materia de derechos humanos: “reiteramos nuestro firme compromiso en la lucha contra la impunidad, particularmente frente a delitos como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la violencia sexual y el reclutamiento y utilización de niños”.
Por su parte, las organizaciones no gubernamentales presentes en el recinto sí se hicieron eco de las preocupaciones señaladas en el informe del ACNUDH. Amnistía Internacional expresó su inquietud por las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas por todos los actores del conflicto, incluso en el marco de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Así mismo, la Comisión Colombiana de Juristas manifestó sus reservas frente a las numerosas propuestas que existen de ampliación del fuero penal militar.
El Consejo Indio de Suramérica (CISA) y Maloca Internacional solicitaron al ACNUDH trabajar con el Estado colombiano en la ejecución del actual Plan Nacional de Desarrollo para garantizar que su puesta en marcha garantice la participación de las minorías étnicas en los procesos de toma de decisiones. De la misma manera, la Organización Mundial Contra la Tortura destacó la necesidad de tipificar penalmente en Colombia los tratos crueles, inhumanos o degradantes “ya que actualmente estos se subsumen en delitos genéricos como el de lesiones personales, en el mejor de los casos”.
Luego de la intervención de las ONG, la delegación colombiana no hizo uso de su derecho de réplica.
El texto completo del informe está disponible en este enlace.
