La ONU exhortó a Colombia a garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado

Luego de examinar la situación de Colombia en materia de derechos civiles y políticos, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que concluyó hoy su 118.ª sesión en Ginebra, pidió al Estado intensificar sus esfuerzos para “hacer efectivos los derechos a la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno”.

Con el fin de garantizar los derechos de las víctimas, los 18 expertos internacionales que conforman el Comité recomendaron a Colombia brindar “protección y atención a las personas y comunidades que puedan resultar más vulnerables, en particular las mujeres, los niños, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, las personas LGBTI, los afrocolombianos y los indígenas” y asegurarse de que todas las víctimas reciban reparación integral.

Tras reiterar que las negociaciones de paz con las FARC-EP “dieron lugar a una reducción considerable del impacto del conflicto armado en la población civil”, el Comité solicitó a las autoridades colombianas que tomen medidas de prevención en respuesta a las alertas emitidas por la Comisión Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT) y que den seguimiento a todos los informes de riesgo y notas de seguimiento emitidos por la Defensoría del Pueblo.

En el mismo sentido, el Comité pidió a Colombia velar por que todas las violaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuya aplicación supervisa este órgano de la ONU, “sean investigadas de manera pronta, exhaustiva e imparcial, y los autores sean llevados ante la justicia y rindan cuentas de sus actos”.

Impunidad

La lucha contra la impunidad en Colombia fue, precisamente, uno de los asuntos en los que se concentró el Comité tanto en el examen, que tuvo lugar los pasados 19 y 20 de octubre, como en las observaciones y recomendaciones publicadas hoy.

Los expertos pidieron al Estado “redoblar sus esfuerzos” para garantizar la judicialización de los responsables de actos de intimidación, amenazas y ataques contra defensores de los derechos humanos, periodistas, sindicalistas, funcionarios judiciales, abogados, activistas y personas LGBTI.

De igual manera, el Comité recomendó a Colombia adelantar las acciones necesarias para prevenir y sancionar la tortura y malos tratos en las cárceles y garantizar que las denuncias sean investigadas “por un órgano independiente que no tenga relación jerárquica ni institucional con los presuntos autores”. También con respecto a las condiciones de reclusión, el Comité indicó que el Estado debe reducir el hacinamiento carcelario y respetar la dignidad de las personas privadas de la libertad.

Discriminación por identidad de género, violencia contra la mujer y derechos sexuales y reproductivos

Aunque el Comité reconoció los esfuerzos de Colombia en relación con los derechos de las personas LGBTI, y destacó la jurisprudencia que al respecto ha producido la Corte Constitucional, pidió a las autoridades incrementar sus esfuerzos para combatir los estereotipos y prejuicios y “adoptar medidas más robustas para prevenir y sancionar los actos de discriminación y violencia por parte de miembros de la fuerza pública”. Así mismo, el Comité pidió que el Estado “continúe sus esfuerzos para garantizar en la práctica los derechos de las parejas del mismo sexo”.

Igualmente, los expertos pidieron a Colombia “prevenir, combatir y sancionar todos los actos de violencia contra la mujer” y que las víctimas “obtengan sin demora atención, reparación integral y medios de protección adecuados, entre otras cosas poniendo a su disposición un número suficiente de centros de acogida en todo el país”.

Los expertos solicitaron además que las mujeres tengan garantías de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, legal en Colombia bajo las causales reconocidas en la sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional. Para ello, el Estado “debe establecer un mecanismo efectivo de remisión para garantizar el acceso al aborto seguro en casos de objeción de conciencia de los profesionales de la salud y velar por que los profesionales de la salud que deban practicar los abortos reciban capacitación adecuada”.

El Comité también señaló que las autoridades colombianas deben “revisar los efectos del marco normativo en las mujeres para asegurar que no tengan que recurrir a abortos clandestinos que pongan en riesgo su vida y su salud e incrementar sus esfuerzos con miras a prevenir los embarazos no deseados, especialmente entre las adolescentes, y garantizar que las mujeres puedan acceder a servicios adecuados de salud sexual y reproductiva en todo el país”.

Las recomendaciones que el Comité de Derechos Humanos formuló a Colombia están disponibles en este enlace.