Naciones Unidas expresó su alarma por las amenazas contra la fiscal general de Guatemala

por | 07-10-2016

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos pidió protección para Thelma Aldana, fiscal general de Guatemala, tras el aumento de amenazas en su contra. El funcionario también saludó el proyecto de reforma judicial que cursa en el Congreso.

Por: Carmen Lucía Castaño, corresponsal

 

(Cerigua).- El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, manifestó hoy su profunda preocupación por las amenazas crecientes contra la fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana: “aunque desde junio tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las amenazas de muerte en su contra se intensificaron desde la semana pasada”, expresó en Ginebra Rupert Colville, portavoz del Comisionado.

Tras destacar el papel de la fiscal en la lucha contra la impunidad en el país, Colville saludó las medidas de protección que las autoridades guatemaltecas ya pusieron en marcha para protegerla y pidió al Gobierno garantizar su efectividad.

“Estos hechos tienen lugar en un contexto de amenazas a las autoridades judiciales en Guatemala y de ataques generalizados contra los defensores de derechos humanos”, sostuvo, y precisó que las principales víctimas de estos actos son quienes luchan contra la impunidad: “desde el comienzo del año se han documentado más de cien ataques contra defensores y periodistas, incluyendo ocho asesinatos”.

En declaraciones ante la prensa internacional, el portavoz indicó que para que se concrete el proyecto de reforma constitucional en materia de justicia, presentado al Congreso el pasado 5 de octubre, “es esencial garantizar un entorno seguro para el ejercicio de las funciones de las autoridades judiciales”.

A propósito de la reforma aseguró que el Alto Comisionado espera “que sea aprobada con diligencia pues representa una oportunidad histórica para consolidar el progreso notable que Guatemala ha alcanzado en los últimos años en su lucha contra la impunidad y la corrupción”.

“El proyecto se elaboró a través de un proceso participativo que incluyó a autoridades de los pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil, universidades, sector privado y operadores de justicia”, dijo el portavoz y destacó que la Oficina del Alto Comisionado trabajó en conjunto con la Fiscalía General, la institución del Procurador de los Derechos Humanos y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) “para asegurar que el proyecto se alineara con los estándares internacionales en materia de derechos humanos”.

Colville subrayó que la reforma “busca mejorar el acceso a la justicia, especialmente para las mujeres y los indígenas, quienes han enfrentado obstáculos a lo largo de la historia” y recalcó que, además de fortalecer la independencia judicial, contribuirá a “despolitizar la nominación de los operadores de justicia” y a reconocer la autodeterminación de los pueblos indígenas.
Fin Cerigua
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