ONG pidió en la ONU reconocer que se cometió genocidio contra indígenas argentinos
El director para la Patagonia argentina del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra pidió ante el Mecanismo de Expertos sobre Pueblos Indígenas elaborar un protocolo para reparar a indígenas víctimas de genocidio.
La elaboración de “un protocolo para el debido proceso en reparaciones adecuadas a los pueblos indígenas víctimas de crímenes de lesa humanidad, genocidio, tortura y desplazamientos forzados” fue el reclamo que presentó el abogado argentino Fernando Kosovsky ante el Mecanismo de Expertos sobre Derechos de los Pueblos Indígenas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que sesionó la semana pasada en Ginebra.
Director para la Patagonia argentina del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (GAJAT), el abogado Kosovsky denunció el “genocidio estatal contra el pueblo mapuche”, solicitó “reparaciones al Estado” y se reunió con la relatora de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, la filipina Victoria Tauli-Corpuz, a la que alentó para que exija al Gobierno del presidente Mauricio Macri tomar medidas urgentes.
La urgencia se debe a que la Ley 26.160, del año 2006, “no se cumplió y vence en noviembre de 2017”. La norma podría renovarse si así lo dispusiera el Congreso argentino y de tal modo mantener “la emergencia de la posesión y propiedad comunitaria indígenas –constitucionalmente reconocidas en 1994–”, que “prohibió los desalojos a las comunidades indígenas” y “ordenó relevar los territorios indígenas”. Sin embargo, “pasados 10 años, menos del 30 % de los territorios fueron relevados” y solo se han recuperado unas 200.000 hectáreas, afirmó el abogado Kosovsky en su discurso.
La situación se estaría agravando por los “numerosos desalojos, incluso violentos” y por el “abandono de mesas de diálogo y consultas pasando a reprimir con violencia inusitada conflictos territoriales”. Kosovsky puso como ejemplo el vaciamiento de “instituciones indígenas” por parte del Gobierno de Mauricio Macri: “los programas” han sido “desfinanciados” y los “líderes indígenas criminalizados e injustamente encarcelados, como Agustín Santillan del pueblo qom en Formosa, y “el lonko mapuche Jones Huala en Río Negro y Chubut”, subrayó.
Kosovsky agregó que en Misiones, otra provincia argentina, “el 8 de julio de 2017, funcionarios del municipio de San Ignacio despojaron a la comunidad guaraní tekoa kokuere’i, de su ocupación tradicional en el Lote 23 del Paraje Montecito, destruyendo e incendiando 5 viviendas”, sumado al desplazamiento de “30 indígenas –entre ellos 10 niños, 3 mujeres y una anciana anciana–, con amenazas de muerte”, mediante “machetes y motosierras, en vehículo oficial”, y cortando “suministros de luz y agua”.
En el plano institucional, el abogado argentino reiteró en conferencia de prensa “obstáculos procesales, culturales, económicos y profesionales” en su país, que perjudican “los derechos de los pueblos indígenas”. Señaló, además, “la inadecuación de los sistemas judiciales”, alertó que “los jueces y fiscales no reciben capacitación en derechos de los pueblos indígenas, ni conocen cómo viven”, y lamentó que “las universidades no enseñan a los futuros abogados cursos con contenidos mínimos sobre los derechos de los pueblos indígenas”.
Son cerca de un millón de personas los indígenas, originarios o indios en Argentina, sobre los casi 44 millones de habitantes. Se congregan a lo largo y ancho del país en 32 comunidades censadas y hablan unas 12 lenguas diferentes al castellano. Sus orígenes son preexistentes al nacimiento del Estado nacional, en las dos fechas que fijan la independencia de Argentina del colonialismo español: 1810 y 1816. Posteriormente, primera Constitución Nacional de Argentina fue proclamada en 1853.
En 1885, en la llamada “Campaña del desierto”, para delimitar sus fronteras el Gobierno argentino llevó a cabo una represión de exterminio y asimilación de los indígenas que significó el primer indicio del genocidio que ahora se pretende sea reconocido por la ONU, lo que coronaría el ya concretado proceso de ratificación los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativos a los pueblos indígenas (107 y 169), y la asunción de la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2007.
