Comité de la ONU pidió a Uruguay combatir los estereotipos y la desigualdad de género

Luego de examinar al Estado uruguayo, los expertos del Comité de la ONU para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales señalaron que, a pesar de los esfuerzos del Estado para promover la igualdad entre hombres y mujeres, los estereotipos de género continúan profundamente arraigados en la sociedad uruguaya, lo cual repercute en actos de discriminación y violencia en contra de la mujer y afecta el goce de sus derechos humanos.

Para lograr una “igualdad sustantiva entre hombres y mujeres”, el Comité recomendó al Uruguay combatir la percepción estereotipada de los roles tradicionales de género, tanto en el núcleo familiar como en la sociedad, y cumplir con una recomendación hecha anteriormente en el sentido de “enmendar o derogar todas las disposiciones légales con contenido discriminatorio contra la mujer, incluyendo aquellas con expresiones vejatorias”.

En el mismo sentido, exhortó al Estado a concluir con la aprobación del proyecto de ley integral que busca garantizar una vida libre de violencia género, y a asegurarse de que esta ley cumpla con los estándares internacionales.

De igual manera, el Comité pidió a Uruguay continuar con la implementación del Plan de Acción 2016-2019, que tiene como finalidad “Consolidar una política pública nacional que permita prevenir, enfrentar, reducir y reparar la violencia basada en género en sus manifestaciones diversas y concretas, a través de la implementación del Plan Por una vida libre de violencia basada en género con una mirada generacional, en todo el territorio nacional”.

Otro de los temas que inquieta al Comité son los obstáculos laborales a los que deben enfrentarse las mujeres actualmente. A pesar de los avances en su legislación, aún sigue existiendo una gran diferencia salarial entre hombres y mujeres, aun cuando ejercen el mismo cargo y trabajan el mismo número de horas. Los miembros del Comité recomendaron al Estado adoptar medidas adecuadas y efectivas para acabar con la persistente brecha salarial y combatir la segregación vertical y horizontal en el campo laboral. 

El Comité también recordó a Uruguay que la implementación de la Ley de Sistema Nacional de Cuidados y de la Ley de Subsidio de maternidad y paternidad ayudarán al Estado a cumplir con esta recomendación.

Derechos sexuales y reproductivos

Por otra parte, el Comité manifestó su agrado y celebró los avances de Uruguay en materia de salud sexual y reproductiva, en particular por la adopción de la Ley 18987, que se refiere a la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, se manifestó preocupado por las dificultades a las que deben enfrentarse las mujeres y adolescentes uruguayas para acceder al aborto legal, en especial fuera de la capital y en zonas rurales.

Por lo anterior, el Comité recomendó al Estado intensificar sus esfuerzos para garantizar la accesibilidad y disponibilidad de los servicios de salud sexual y reproductiva para todas las mujeres y adolescentes. Así mismo, recomendó que el ejercicio de objeción de conciencia por parte del personal de salud no sea un obstáculo para que las mujeres puedan ejercer su derecho al aborto seguro. Del mismo modo, invitó al Estado a redoblar sus esfuerzos para reducir las altas tasas de embarazo adolescente, especialmente en las familias de bajos recursos, proporcionando programas escolares adecuados sobre salud sexual y reproductiva de acuerdo a cada edad.

Los miembros del Comité otorgaron un plazo de un año y medio a el Gobierno de Uruguay para informarles cuáles han sido los avances en la cuota de contratación de personas con discapacidad en el sector privado. Finalmente, instaron al Estado a aprobar el Plan Nacional de Equiparación de Oportunidades y Derechos de las Personas con Discapacidad y a asegurarse de que el proyecto de Ley sobre Salud Mental, actualmente en proceso de aprobación, cumpla y respete los estándares internacionales de protección de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial.

Compuesto por 18 expertos independientes, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) es el órgano de las Naciones Unidas encargado de supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por Uruguay el 10 de junio de 1992.  El Estado deberá presentar su próximo informe ante el Comité a más tardar el 30 de junio de 2022.