Una mujer presidirá la misión internacional de investigación sobre Venezuela
El mecanismo fue creado en septiembre por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar violaciones de que habrían tenido lugar en Venezuela desde 2014.
El presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Coly Seck, designó este lunes a Marta Valiñas, Francisco Cox Vial y Paul Seils como miembros de la misión internacional independiente de determinación de los hechos en Venezuela, creada en septiembre por el organismo para “investigar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014”.
Seck anunció que los miembros designados se reunirán “en las próximas semanas” para definir la estrategia, metodología y enfoque de investigación que emplearán para cumplir con su mandato.
Marta Valiñas, quien presidirá la misión, es una jurista portuguesa especializada en derechos humanos y justicia penal internacional, en particular por delitos sexuales y de género. Hasta este año trabajó en la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) y tiene experiencia como asesora legal de organizaciones de la sociedad civil y como consultora de diferentes agencias de la ONU.
Por su parte, el penalista chileno Francisco Cox presidió el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en México. Tiene experiencia de litigio ante la CPI, en donde representó a un grupo de 2605 víctimas del conflicto armado en Uganda.
El tercer miembro de la misión es el abogado escocés Paul Siels, director de Prácticas de Paz e Innovación en el Instituto Europeo de la Paz y profesor universitario. Con amplia experiencia en derecho penal, trabajó en Oficina del Fiscal de la CPI de 2004 a 2008, en la hoy extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y en la oficina de derechos humanos de la ONU (Acnudh).
La creación de esta misión de investigación fue impulsada por los países del grupo de Lima durante la última sesión del Consejo de Derechos Humanos. Tras una larga negociación, y con 19 votos a favor, 7 en contra y 21 abstenciones, fue decidida la constitución de este grupo de expertos que operará durante un año y que deberá presentar, en septiembre de 2020, un informe exhaustivo con sus conclusiones.
En la resolución que originó la misión de investigación, el Consejo llamó a las autoridades de Venezuela a cooperar con ella y a brindarle “acceso inmediato, completo y sin trabas a todo el territorio del país, así como a las víctimas y los lugares de privación de libertad, y le faciliten toda la información necesaria para el desempeño de su mandato”.
Sin embargo, en esa misma sesión el embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero, anunció que este mecanismo “no contará jamás con el consentimiento” del Gobierno del presidente, Nicolás Maduro.
“Sin duda alguna busca entorpecer el relanzamiento de relaciones y de asistencia técnica del Gobierno bolivariano con la alta comisionada, razón por la cual están destinados al fracaso”, dijo a continuación el diplomático venezolano, quien también aseguró que, en momentos en que el sistema de derechos humanos de la ONU atraviesa una profunda crisis financiera, la misión constituye “un despilfarro de los escasos recursos disponibles”.
Según la secretaría del Consejo de Derechos Humanos, el costo operativo de este mecanismo supera los 2.6 millones de dólares.
