Naciones Unidas evaluó el desempeño de Colombia en la lucha contra el racismo

Este jueves concluyó en Ginebra el examen de Colombia ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD). A lo largo de las seis horas que toma el procedimiento, los expertos de este órgano de la ONU formularon preguntas a una delegación colombiana encabezada por el viceministro para la Participación y la Igualdad de Derechos del Ministerio de Interior, Francisco José Chaux.

El viceministro estuvo acompañado por funcionarios de diversos ministerios y de la Fiscalía General de la Nación, quienes informaron al CERD en qué ha consistido la actuación de sus despachos en la búsqueda de la erradicación del racismo y en la puesta en marcha de las recomendaciones que le fueron formuladas al Estado en su último examen, que tuvo lugar en 2015.

Entre los muchos temas que abordaron los expertos del comité estuvieron el derecho a la consulta previa, la titulación colectiva, la restitución de tierras, la xenofobia, el cumplimiento del Acuerdo de Paz, la inclusión de variables étnicas en el censo nacional y la discriminación estructural contra los pueblos indígenas y afrocolombianos, que ha llevado históricamente a muchos de sus miembros a la marginación y a vivir en condiciones de pobreza extrema, privados de servicios básicos, e incluso a padecer niveles crónicos de malnutrición infantil.

Asesinatos de líderes y defensores

Aunque los miembros del comité reconocieron los esfuerzos del Estado colombiano en la lucha contra la discriminación racial, y valoraron la calidad técnica de las respuestas de los delegados, quedó claro que los asesinatos de líderes indígenas y afrocolombianos son una de sus más grandes preocupaciones.

La experta española María Teresa Verdugo, designada por el comité como relatora durante el examen de Colombia, sostuvo que estos crímenes afectan de manera desproporcionada a los defensores de derechos de los pueblos indígenas o afrocolombianos.

Según los datos que proporcionó, entre enero de 2016 y mediados de 2019, más de 704 líderes sociales han sido asesinados. “Cada 72 horas ha muerto un líder. El Estado tiene el deber de proteger a todos sus ciudadanos”, dijo la experta, quien recibió información según la cual el 30 % de las víctimas pertenece a grupos étnicos, que son apenas el 14 % de la población colombiana.

De igual forma, y como lo harían posteriormente otros expertos del CERD, Verdugo lamentó el asesinato de Cristina Bautista, la gobernadora que fue acribillada junto con cuatro personas de la guardia indígena el pasado 29 de octubre en Tacueyó, Cauca.

La situación en este departamento, particularmente en el norte, fue también objeto de comentarios y preguntas por parte del comité.

Por ejemplo, el experto guatemalteco Francisco Cali Tzay se mostró particularmente preocupado por el hecho de que el Cauca tenga presencia, según la información que citó, de diez mil efectivos del Ejército y que, aun así, sea el departamento con más asesinatos de defensores de derechos de los pueblos indígenas.

Otros expertos dijeron estar alarmados por el asesinato de líderes de minorías étnicas en el contexto de las actividades de extracción minera y pidieron al Estado informar de qué manera se protege a los pueblos cuyos territorios ancestrales son ricos en minerales y cómo se les exige a las empresas respetar los derechos humanos.

La respuesta del Estado

“El enemigo de los defensores y líderes sociales es la ilegalidad, el narcotráfico, el aumento de los cultivos ilícitos entre el 2013 y el 2018 y la intimidación por parte de los grupos criminales”, sostuvo con vehemencia el viceministro Chaux en su discurso inicial, y aseguró que el Gobierno está comprometido con la seguridad de todos ellos.

En ese sentido, destacó la puesta en marcha del Programa Integral de Garantías para las Lideresas y Defensoras, con dos proyectos piloto en Montes de María y Putumayo, y la creación de una comisión que desarrollará un plan de acción para la protección de defensores, líderes comunales y periodistas.

De igual forma, resaltó que el Gobierno empezó a redactar, en consulta con las comunidades, una política integral de respeto y garantía para la labor de la defensa de derechos humanos.

Respondiendo a las preguntas de los expertos, el funcionario manifestó que la situación en el Cauca es un asunto de especial preocupación para el presidente, Iván Duque: “Tenemos una visión dual, complementaria, para el departamento: seguridad pública e inversión social”.

“Estamos haciendo presencia institucional en el sentido de garantizar la tranquilidad de todos los caucanos. De manera complementaria está el Plan Social del Cauca, liderado por el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, que ha invertido una suma muy importante de dinero para asegurar que se eliminen las inequidades”, explicó el viceministro a los expertos del comité.

Así mismo, Chaux fue enfático al afirmar que el Gobierno “jamás va a permitir que una transnacional impulse la violencia en Colombia”.

Los demás miembros de la delegación colombiana también dieron detalles de otras medidas y acciones del Estado para aumentar la protección de los defensores y reducir la impunidad por agresiones en su contra, y precisaron que de los 323 casos de asesinatos de defensores que investiga la Fiscalía, 178 ya han sido esclarecidos. Del total de víctimas, 53 pertenecían a grupos étnicos.

¿Qué es el comité de la ONU contra el racismo?

Compuesto por 18 expertos internacionales, el CERD es un órgano especializado de la ONU cuya función es velar por que los países cumplan con la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. El próximo 13 de diciembre, el comité hará públicas las recomendaciones que formulará al Estado para que implemente adecuadamente lo dispuesto en este instrumento internacional de carácter vinculante, ratificado por Colombia en 1981.

Estas recomendaciones son también una herramienta para que las organizaciones de la sociedad civil demanden acciones concretas de las autoridades para garantizar el ejercicio de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes y de todas las personas que puedan ser víctimas de discriminación racial.