Ginebra, 2 de Octubre. – La ONU reveló esta mañana un alarmante informe que detalla los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos contra civiles en Irak por el “Estado Islámico y del Levante” (ISIL), así como por las fuerzas estatales iraquíes que lo combaten. El informe, que cubre el periodo del 6 de julio al 10 de septiembre, también registra abusos y atropellos cometidos por grupos armados irregulares asociados a cada una de las facciones en conflicto.  
 
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Misión de Asistencia de la ONU en Irak (UNAMI), autores del informe, explican que se trata de “actos de violencia de una naturaleza cada vez más sectaria y con un carácter aparentemente sistemático y generalizado” que “han exacerbado los daños a civiles y han contribuido al deterioro del Estado de derecho en muchas partes del país.”

La UNAMI reportó 9.347 civiles asesinados y 17.386 heridos en lo que va del año, de los cuales, la mitad de casos ocurrieron desde la incursión de ISIL el pasado mes de junio. Entre los principales abusos se registran “ejecuciones, raptos, violaciones y otras formas de agresión sexual y física contra mujeres y niños, reclutamiento infantil, destrucción de lugares de importancia cultural y religiosa y negación de libertades fundamentales,” precisa el informe.  

Los principales afectados son minorías étnicas y religiosas como turkmenos, kurdos, cristianos, yazidíes, chabaquíes, sabeos y musulmanes chiíes, quienes, según el informe, “han sido tomados como blanco por el ISIL con el objeto de destruirlos, suprimirlos y eliminarlos de sus áreas de control.” Así mismo, el documento advierte sobre el drama de los 1.8 millones de desplazados que ha generado el conflicto, de los cuales 1 millón sigue en zonas de control del ISIL.

Por otro lado, el informe expone los abusos cometidos por las fuerzas militares iraquíes que comprenden bombardeos y ataques aéreos en zonas de población civil, los cuales según la ONU “han podido violar los principios de distinción y proporcionalidad del derecho internacional humanitario (DIH)”. Igualmente la UNAMI documentó “asesinatos selectivos y secuestros a civiles” por grupos armados paraestatales que respaldan al gobierno iraquí.

El nuevo Alto Comisionado, el jordano Zeid Ra’ad Al Hussein declaró que “el despliegue de atrocidades perpetradas por el ISIL es asombroso y que “muchos de sus actos equivalen a crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”; también pidió al gobierno iraquí que considere aceptar la jurisdicción del Estatuto de Roma, pues “este tipo de situación, donde se dan graves y masivas violaciones, incluyendo los ataques a miles de civiles por motivo de su identidad étnica y religiosa, es precisamente por lo que la Corte Penal Internacional fue creada”, explicó el alto mandatario.   
El informe urge “cesar inmediatamente todos los actos de violencia cometidos contra civiles en violación al DIH y a las normas de derechos humanos”; de la misma manera, llama a todas las partes del conflicto a “tomar las precauciones necesarias para apartar a los civiles de las hostilidades, garantizar su acceso a instalaciones médicas y a la ayuda humanitaria y garantizar su salida segura de las zonas de conflicto.”

El documento afirma, además, que “el gobierno iraquí tiene la obligación de atender con eficacia, prontitud e imparcialidad toda denuncia de violación y abuso de derechos humanos”, así como de “investigar a los responsables de los hechos y garantizar el derecho de reparación de las víctimas”. Del mismo modo, exhorta al Consejo de Seguridad y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU “a seguir de cerca la situación para asegurar que los responsables de estas atrocidades rindan cuentas ante la justicia”.

La UNAMI se instaló en Irak desde 2006 por mandato del Consejo de Seguridad con el objetivo de promover la protección de los civiles y de realizar investigaciones independientes e imparciales sobre actos de violencia contra los mismos. Este es el segundo informe presentado por la misión, tras el revelado el pasado mes de agosto, el cual documentó la crisis en el período de junio a julio.